Tras las preguntas del accionista Eduardo Martín-Duarte en la junta del 27 de octubre de 2020, el supuesto asesinato de Botín ha vuelto a la actualidad
El Código Penal establece que son autores de los delitos aquellos que realizan el hecho delictivo por si solos, conjuntamente o por medio de otro, los que inducen a otro a ejecutar el hecho delictivo y los que cooperan en la ejecución. Por su parte, son cómplices los que no incluyéndose entre los anteriores cooperan en la ejecución con actos anteriores o simultáneos. El Código Penal también recoge el delito de encubrimiento que comete aquel que auxilia al responsable de un delito ayudándole a aprovecharse de los efectos del delito o a eludir la acción de la justicia.
Dentro de esas figuras de autores, cómplices, cooperadores necesarios o encubridores que establece el Código Penal se podría incluir a familiares del difunto y miembros del banco, que presuntamente habrían estado relacionadas, de una manera u otra, con el supuesto asesinato del padre de Ana Patricia Botín, el anterior presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y su encubrimiento. Siempre teniendo en cuenta que los únicos que tienen potestad para declarar la culpabilidad por la comisión de un delito son los tribunales, por lo que las manifestaciones que se realizan en este artículo deben entenderse siempre con el debido respeto a la presunción de inocencia de las personas a las que mencionamos, aunque no utilicemos en todas y cada una de las frases la palabra presunto o presuntamente.
Como saben nuestros lectores, en cuartaedición.com estamos llevando a cabo una investigación periodística sobre el presunto asesinato del exbanquero derivada de la querella presentada en su día ante el Juzgado Central de Instrucción º 1 de la Audiencia Nacional y de otros testimonios que han llegado hasta nuestra redacción.
La querella por el asesinato de Emilio Botín fue interpuesta directamente contra Ana Patricia Botín, su madre y esposa del fallecido, Paloma O´Shea Artiñano, Jesús Samper Gaviria y tres miembros de la seguridad del banco, Carlos Rubio, Carlos Martínez y José Manuel García Entrena como presuntos responsables del asesinato “en sus distintos grados de participación en los hechos”.
Según se deduce de la querella, Ana Patricia Botín y su madre serían autoras del delito, en concepto de inductoras del mismo, al haber incitado a Jesús Samper para que llevase a cabo el hecho delictivo. Éste habría ejecutado, nunca mejor dicho, el plan urdido en compañía de otros (como decía la sentencia del asesinato de los marqueses de Urquijo en agosto de 1980) sobre las 21 horas del 9-9-14.
Dosis de cloruro mórfico
Jesús Samper de nacionalidad colombiana, según la querella, amante de Ana Patricia Botín y relacionado con el narcotráfico, habría accedido al despacho de Emilio Botín en la Ciudad financiera y, con la ayuda de terceros, habrían sujetado al banquero para inyectarle una dosis de cloruro mórfico que le produciría la muerte. Para todo ello habrían tenido la complicidad de los miembros de seguridad del banco Carlos Rubio, Carlos Martínez y José Manuel García Entrena.
Con posterioridad a los hechos, ya en la madrugada del día 10-9-14, se habría celebrado una reunión de la comisión de nombramientos del Banco Santander, en la Ciudad financiera, para proponer como presidenta del banco a Ana Patricia Botín. La excesiva celeridad en la celebración de dicha reunión y en la designación de la nueva presidenta por el consejo de administración, a las pocas horas de la muerte, resultó sorprendente incluso a los medios especializados como el Financial Times al que sorprendió que el nombramiento del nuevo presidente del Banco Santander no se hubiese realizado con un proceso de selección ordenado y transparente, y no como una sucesión estrictamente dinástica en pleno siglo XXI.
En esa expeditiva reunión, celebrada de madrugada, pocas horas después de la muerte de Emilio Botín y de cuerpo presente, habrían participado los miembros de la comisión de nombramientos encabezados por su presidente, Fernando de Asua que era a su vez vicepresidente de la entidad, Guillermo de la Dehesa, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea, este último, como secretario general de la entidad, actuaba como secretario de todas las reuniones del consejo de administración y de las diferentes comisiones y comités del banco. El director del gabinete de presidencia, David Gutiérrez, también habría acudido a altas horas de la noche a la sede corporativa del Santander en Boadilla al enterarse del fallecimiento.
Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y David Gutiérrez, como miembros de la alta dirección del banco, habrían ayudado a Ana Patricia Botín a que se hiciera con la presidencia de la entidad con nocturnidad y por la vía rápida, tras el presunto asesinato de su padre. La reunión de la comisión de nombramientos habría sido organizada por Rodrigo Echenique que habría recibido una llamada de Ana Patricia Botín desde Londres para que lo tuviese todo listo para cuando ella aterrizase en Madrid. Antes de llamar a Rodrigo Echenique, Ana Patricia Botín habría recibido la llamada de Jesús Samper que, entre las 21 y las 21:30 de la noche del día 9-9-14, le informó de que ya se había ejecutado el encargo y su padre yacía muerto.
Podría conjeturarse que Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y David Gutiérrez habrían tenido conocimiento de las extrañas circunstancias del fallecimiento en algún momento y que las podrían haber ocultado, no dando parte de las mismas a las autoridades competentes. Los que allí se encontraban consiguieron que el cuerpo muerto de Emilio Botín fuese trasladado desde la sede corporativa del banco en Boadilla hasta el domicilio familiar en el que vivía Paloma O´Shea, que no hacía vida marital con su marido desde hacía años. El anómalo traslado del cuerpo en la madrugada del día 10-9-2014 a la vivienda de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón) se habría llevado a cabo para dar la imagen a la opinión pública de que Emilio Botín había muerto en el domicilio familiar, cuando habría sido asesinado en su despacho de la Ciudad financiera, según la querella.
Las informaciones que dieron diversos medios sobre la versión oficial diferiría de unos a otros, ya que unos afirmarían que a Emilio Botín se lo encontraron muerto en la bañera en su domicilio de Somosaguas en la noche del 9-9-14, otras que se lo encontraron muerto en la cama a primeras horas de la mañana del día 10-9-14, mientras que la versión de la querella mantendría que murió asesinado en la noche del día 9-9-14 en su despacho de Boadilla.
Vozpopuli llegó a referirse al oscurantismo que rodeó a la muerte que dio lugar “a todo tipo de interpretaciones sobre lo ocurrido” y que todavía sigue dando lugar a ellas.
Traslado del cuerpo
Para proceder al traslado del cuerpo desde Boadilla hasta Somosaguas se requerían los servicios de una empresa funeraria, para lo cual, ante las extrañas circunstancias de la repentina muerte se necesitaría hacer el levantamiento del cadáver autorizado por el juez de guardia, un certificado de fallecimiento expedido por un médico y, en su caso, una autopsia. Al parecer, según la querella, el médico que certificó el fallecimiento de Emilio Botín fue un tal doctor Mocorroa, que no era el médico particular del presidente del Santander. Si el certificado de defunción, en el que se manifestó que el fallecimiento fue producto de un infarto, no hiciese honor a la verdad, se podría considerar al doctor que emitió el mismo como un encubridor más del asesinato.
Ante estos hechos de apariencia delictiva, Juan Muñoz Bloise realizaría un acta de manifestaciones ante Notario, en la que relataría los hechos del supuesto asesinato. El notario, como era su obligación, procedió a comunicar el contenido del acta a la Fiscalía de Madrid que, al parecer, se encaminaba a tomar declaración a Ana Patricia Botín cuando recibió órdenes de que no lo hiciese. Las órdenes, al parecer, provendrían de la ministra y el subsecretario de la Presidencia, Soraya Saénz de Santamaría y Jaime Pérez Renovales.
Ante la inacción de la Fiscalía de Madrid, ordenada por superiores instancias, Muñoz Bloise formuló querella criminal por asesinato que correspondería al Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular Santiago Pedraz.
Del relato efectuado pueden ustedes sacar sus propias conclusiones y adjudicarle a cada uno de los citados la condición de autor, cómplice, cooperador necesario, encubridor o ninguno de ellos. Pero estén ustedes tranquilos que seguiremos informándoles al respecto para que sean siempre ustedes los que saquen sus propias conclusiones.
