El expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra y el expresidente de la Generalidad, Francisco Camps, entre los supuestos perjudicados
La jueza de Instrucción número 5 de Castellón que instruye la investigación por delitos de integridad moral contra quienes han publicado bulos contra políticos por supuestos casos de pederastia en el marco del conocido como caso ‘Bar España’ ha acordado el procesamiento de ocho personas.
Entre los perjudicados por este supuesto bulo se encuentran ‘personajes’ como el expresidente de la diputación, Carlos Fabra, la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra o el expresidente de la Generalidad, Francisco Camps.
Según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se atribuye a los procesados supuestos delitos contra la integridad moral, contra la administración de Justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasión de los del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Supuestamente, los imputados son responsables de “difundir bulos durante veinte años a través de las redes sociales y medios de comunicación en la que se hacían eco de una supuesta organización mafiosa política, judicial y de pederastia”. Al mismo tiempo, se añade que “se difundió tal información sin contrastar de ninguna manera, por lo que no se puede dar veracidad”.
En fin, la Justicia habló. Otra cosa es lo que la sociedad crea. También ronda por ahí la corrupción de menores en Baleares por ejemplo, que parece que caerá en el olvido. Más atrás en el tiempo, tenemos el dramático suceso de las Niñas de Alcácer, que unos cuantos años después sigue generando más dudas que respuestas.
El asunto parte de unas diligencias previas por delitos de injurias y calumnias y contra la Administración de Justicia, si bien posteriormente se registró una ampliación de denuncia de la Fiscalía y la titular de Instrucción número 5 de Castellón acordó acumular a esta investigación otros dos procedimientos por hechos similares seguidos en juzgados de Vinaròs (Castellón) y Madrid.
Ahora se investiga el perjuicio causado por una serie de supuestos bulos sobre pederastia, atribuidos a políticos y cargos públicos y difundidos en internet desde hace veinte años.
