jueves, marzo 28, 2024

El clan Botín y Villarejo: El hampa y las cloacas del Estado

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Políticos, jueces, policías y banqueros corruptos forman parte del hampa y las cloacas del Estado

A estas alturas de la película, no es necesario explicarles qué son las cloacas del Estado y quién forma parte de ellas; destacando por encima de todos, dos representantes de la Justicia y las fuerzas del orden como el exmagistrado Baltasar Garzón Real, alias “Balta” y “el mago” -los delincuentes suelen tener un alias y Garzón fue condenado por prevaricación, perdiendo su condición de magistrado, lo que le convierte en un delincuente con antecedentes penales-, y el ex comisario José Manuel Villarejo Pérez.

Coincidirán con nosotros que, precisamente, del área judicial y policial partirían los más mafiosos tentáculos de las cloacas, puesto que son los policías y los jueces los encargados, en un Estado de Derecho, de perseguir, juzgar, condenar y encarcelar a los delincuentes, y no de protegerlos y dejarles en libertad como tantas veces ha ocurrido con todo tipo de delincuentes.

La relación de estos dos personajes siniestros, se ha enquistado en las portadas de los periódicos desde hace muchos meses relacionándolos con fraudes judiciales, extradiciones frustradas y fugas sospechosas, amenazas, extorsiones, prostitución y todo tipo de pestilentes cambalaches y hediondos enjuagues que se puedan imaginar, en los que cada uno se lleva una comisión del 10% de los asuntos y clientes que le refiere el otro, como se ha desvelado recientemente por las anotaciones aparecidas en las agendas del ex comisario.

Cuadernillos, agendas y grabaciones que están dando mucho de lo que hablar por sus comprometedoras anotaciones y conversaciones grabadas, ya que aparecer mencionado en los cuadernos o las grabaciones de Villarejo constituye sinónimo de espionaje, amenaza o extorsión y esas son manchas putrefactas difíciles de borrar; y ya son muchos los que han dejado de ser inmaculados, si es que alguna vez lo fueron, como la ex vicepresidenta del gobierno e inexplicable actual presidenta del Consejo de Estado María Teresa Fernández de la Vega Sanz, el ex ministro Miguel Sebastián Gascón, el empresario Javier López Madrid, el naviero Ángel Pérez-Maura Botín, la fiscal Dolores Delgado García, el abogado Manuel Medina González, el banquero Francisco González Rodríguez, los presidentes de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; de Repsol, Antonio Brufau Niubó; de CaixaBank, Isidro Fainé Casas, etc.

Relaciones con empresas

Se ha relacionado a esas cloacas del Estado con diferentes empresas del IBEX 35 como el BBVA, Iberdrola, Repsol o Caixabank y sus presidentes, pero de lo que no se han hecho eco los medios, hasta ahora, es de las relaciones del hampa y las cloacas del Estado del comisario Villarejo con el Banco Santander y el clan Botín. ¿No les parece curioso? ¿Por qué el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional no ha abierto todavía una pieza separada del “caso Tándem” dedicada al Santander? Hoy vamos a alumbrarles sobre la relación entre el clan Botín y Villarejo, para que juzguen por ustedes mismos.

Han aparecido facturas de la empresa de Villarejo, Grupo Inmobiliario Cenyt SL, al Banco Santander por supuestos cursos sobre “el rol del gestor de planes”, “gestor por influencia” y “negociación, comunicación efectiva”; pintorescas temáticas para unos cursos dictados por una empresa de supuestos servicios inmobiliarios. Lo que está claro es que Villarejo tiene experiencia en utilización de influencias y en técnicas de negociación que podrían calificare de coactivas.

Pero la relación del clan Botín con Villarejo, las cloacas del Estado y el hampa va más allá de unos supuestos cursillos, ya que Villarejo era un invitado asiduo de las cacerías que se montaban en la finca “El Castaño” de Emilio Botín, en la localidad manchega de Luciana en Ciudad Real, y los negocios turbios del clan Botín y sus coacciones son secretos a voces.

Sí, como lo oyen, Villarejo era uno de los invitados destacados a las cacerías que organizaba Guillermo “Willy” Morenés Mariátegui, el marido de Ana Patricia Botín la actual presidenta del Banco Santander, en la finca del difunto Emilio Botín, donde en abril de 2008 se estrelló una avioneta cargada con 270 kilos de droga. Para los que no lo sepan, la finca de los Botín tiene dos pistas de aterrizaje una de 900 metros de largo por 20 de ancho y otra de 1.500 metros de largo y 40 de ancho. En dichas pistas de aterrizaje, como se ha publicado con anterioridad, se realizarían descargas, que se ocultarían en cubículos diseñados y construidos para ocultar las drogas.

¿De dónde viene la relación con Villarejo?

Y, ¿de dónde viene la relación del clan Botín con Villarejo? Según fuentes que presumen de estar bien informadas, el matrimonio formado por Ana Botín y Guillermo Morenés tiene una buena amistad con Javier Monzón, expresidente de Indra, y con Javier López Madrid. Todos ellos comparten navidades en la estación suiza de ski de Gstaad. Su amistad y complicidad llega hasta tal punto que, cuando Monzón fue despedido de Indra por diferentes escándalos, López Madrid le hizo consejero de Ferroglobe (empresa del grupo Villar Mir de la que López Madrid es presidente gracias a ser yerno de Juan Miguel Villar Mir) y Ana Patricia Botín le colocó como presidente de Prisa y Openbank.

Monzón y López Madrid han estado relacionados con diferentes escándalos como el caso Púnica vinculado con las finanzas del PP. Además el segundo tiene un largo listado de escándalos a sus espaldas como la condena por las tarjetas black de Bankia, los escándalos de OHL en México por sobornos a políticos para obtener concesiones, el caso Lezo de corrupción política en España y el más sórdido el de las amenazas y agresión a la dermatóloga, Elisa Pinto, en el que, según la denuncia, López Madrid habría encargado al ex comisario Villarejo que hiciese callar a la doctora, habiendo llegado éste a la agresión física con arma blanca.

Derivada de esa relación de amistad entre Ana Botín, su marido Guillermo Morenés y Javier López Madrid, deviene la asistencia habitual de Villarejo como invitado VIP a las cacerías en las fincas del clan Botín en Luciana, pero esa relación entre los Botín y Villarejo va más allá que las facturas por los cursos y la asistencia a las cacerías organizadas por el clan Botín.

Los escándalos en México del grupo OHL en los que estaría inmerso López Madrid, en investigación por la Fiscalía de aquel país, se relacionan con Emilio Lozoya Austin, exconsejero de OHL y exdirector de Petróleos Mejicanos (PEMEX) que habría conseguido contratos de la petrolera para OHL. Los escándalos se extienden a otras empresas como Infoglobal también por sobornos a políticos para la obtención de concesiones de obras públicas.

En relación con esta trama de sobornos en México aparece también, cómo no, el Banco Santander que, según informaciones publicadas en México derivadas de denuncias de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, habría depositado en México cerca de 18 millones de euros a López Madrid procedentes de cuentas ligadas a Lozoya.

Los escándalos de OHL en México provocaron la dimisión de su presidente José Andrés Oteyza Fernández como consecuencia de grabaciones que pusieron de manifiesto una trama de corrupción y sobornos a políticos y jueces en México en la que estaba relacionado el mencionado director de PEMEX, Lozoya, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa.

Emilio Lozoya fue detenido en España e ingresó en prisión. Adivinan quién es su abogado en España. ¿No se lo imaginan? Exacto, Baltasar Garzón, alias “el mago”, que también es el abogado de “el pollo” Hugo Armando Carvajal, el general exjefe de la inteligencia militar chavista en Venezuela, reclamado por los Estados Unidos por narcotráfico como uno de los líderes del “Cartel de los Soles” controlado por los militares venezolanos y relacionado con el grupo narcoterrorista colombiano de las FARC. Carvajal se escapó de España en, noviembre de 2019, gracias a un chivatazo que le dio a conocer la resolución de la Audiencia Nacional que había acordado su inmediata extradición a los Estados Unidos.

Hablando de extradiciones

Hablando de extradiciones, tenemos también que mencionar la del naviero y presidente de la Naviera Pérez & Cía, Ángel Pérez-Maura García Botín, primo de la presidenta del Santander y sobrino nieto del difunto Emilio Botín, que vincula una vez más a los Botín con Villarejo y Garzón.

Pérez-Maura era reclamado por Guatemala, por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) organismo creado por la ONU para la lucha en el país centroamericano contra las mafias policiales y la corrupción, dentro de la investigación del “caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)”, por el presunto soborno al presidente, Otto Pérez Molina, y a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, para que se le adjudicase la construcción y gestión de un puerto y terminal de contenedores en Quetzal. El soborno alcanzaba la cantidad de 30 millones de dólares que habrían sido enviados en parte a los políticos guatemaltecos desde España.

El país centroamericano reclamó la extradición de Pérez-Maura y éste contactó con Villarejo, en 2016, para que le librase de la extradición a Guatemala. Para ello Villarejo contrató a su amigo “Balta” “el mago” para que moviese sus influencias en la Fiscalía y la Audiencia Nacional, tribunal encargado de tramitar las extradiciones.

Ya, casi todos ustedes conocerán la amistad entre Villarejo, Garzón y Dolores Delgado García, actual Fiscal General del Estado y anteriormente Ministra de Justicia y fiscal en la Audiencia Nacional desde 1993, con la que Garzón mantiene una relación íntima desde hace años. Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, Pérez-Maura habría entregado a Villarejo 1,2 millones de euros para que Garzón mediase con sus influencias para frenar la investigación en Guatemala y conseguir que la Audiencia Nacional denegase la extradición.

Dentro de las gestiones realizadas para evitar la extradición, han trascendido investigaciones judiciales sobre contactos de Villarejo con la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, “Lola” Delgado (que aparece en las anotaciones de Villarejo como “D2” según ratificó Pérez-Maura en declaración judicial), y de ésta con el comisionado del organismo guatemalteco CICIG, Iván Velásquez, así como su intervención en la vista que dio lugar a la negación de la extradición del exembajador de Guatemala, Julio Ligorría, que habría también intervenido para lograr que Pérez-Maura no fuera extraditado, y que a su vez era también reclamado por Guatemala por blanqueo de capitales y financiación irregular del presidente guatemalteco, siendo negada su extradición tras la intervención de Dolores Delgado en la vista judicial en la que sustituyó a la fiscal encargada y en la que intervino en defensa del exembajador guatemalteco un abogado del despacho de Garzón.

Villarejo manifestó a Pérez Maura que para su defensa y conseguir no ser extraditado trataría de hacer valer entre sus contactos de la Audiencia Nacional su supuesta condición de “colaborador de la Policía a nivel internacional y contra el tráfico de drogas”. De hecho, algunas publicaciones en internet han vinculado a los Pérez-Maura y el clan Botín con el narcotráfico, vinculación que saltó a la palestra en la junta del Santander de octubre de 2020 a preguntas de un accionista a Ana Botín.

La empresa Grup Maritim TCB de la familia Pérez-Maura (vendida a la holandesa APM en 2016) opera concesiones de terminales portuarias de contenedores en Barcelona, Islas Canarias, Gijón, Valencia, Buenaventura (Colombia), Yucatán (México) y Paranaguá (Brasil), puertos muy relacionados con el tráfico de cocaína.

En Barcelona, el empresario portuario José Mestre Fernández conocido como el “virrey del puerto”, director general de la operadora de contenedores Terminal Cataluña (TERCAT), fue detenido por tráfico de drogas, y se le vincula con el “cartel de Sinaloa”. Fuentes conocedoras del asunto vinculan a los Mestre con el clan Botín, habiendo sido invitados por estos también a las cacerías de la finca “El Castaño”. Mestre que fue condenado por tráfico de drogas a 9 años de prisión, consiguió salir de la cárcel de Can Brians después de cumplir tan sólo 12 meses de condena. Una vez más la cloacas del Estado actuaron en su beneficio.

Otro empresario español, Arturo del Tiempo Marqués, relacionado con el Santander como consejero delegado del fondo de capital riesgo Vista Capital (participado al 50% por el Santander), de Gestiones y Desarrollos Patrimoniales y de Santander Carbon Finance, sería también detenido y condenado por narcotráfico por un cargamento proveniente de la república Dominicana que fue desembarcado en el puerto de Valencia y trasladado por carretera a Barcelona. De nuevo el Santander y las vinculaciones con el mundo del narcotráfico.

Pero las relaciones del clan Botín con las cloacas del estado no se quedan ahí. Recordarán ustedes el episodio de las cartas de Garzón a Emilio Botín encabezadas con un “querido Emilio” y los cursos del exmagistrado en la Universidad de Nueva York que fueron patrocinados por el Santander y que le sirvieron para que fuera archivada la querella interpuesta por Rafael Pérez Escolar contra Botín por el inexistente agujero de Banesto. Una vez más las cloacas del Estado actuaron en beneficio del clan Botín.

Las cloacas del Estado, una vez más, en beneficio del clan Botín

De antológico se puede calificar el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, de 13-2-12 dictado en la Causa especial 20339/2009 en el que, pese a librar a Garzón de ser juzgado por cohecho, prevaricación, extorsión y asociación ilícita, se reconoce que Garzón habría solicitado al Santander y otras empresas del IBEX35 más de 2,5 millones de euros, habiendo conseguido finalmente 1,2 millones, y que habría cometió un cohecho impropio pero que habría prescrito por 25 días (Hemos reproducido un pasaje de dicho auto en la foto que ilustra la noticia, pero pueden acceder al mismo en la base de datos jurídica CENDOJ Ref Roj: ATS 729/2012).

Pero las corruptelas relacionadas con las cloacas judiciales son un clásico en cuanto al clan Botín no pudiéndose olvidar el escandaloso archivo del caso “cesiones de crédito” con la “doctrina Botín” (en este caso fue el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que posteriormente defendería a Jaime Botín por contrabando con escaso éxito), o la absolución por las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui (con sentencia del magistrado también de la Audiencia Nacional Luis Martínez de Salinas).

No podemos olvidarnos de las coacciones del Santander para el recobro de los créditos de BANESTO, siendo el caso más sonado el denominado “Harry Walker” en el que Alfredo Sáenz Abad (expresidente de Banca Catalana y Banesto y ex consejero delegado del Santander) fue condenado por estafa procesal al coaccionar, con la ayuda del exmagistrado condenado Pascual Estevill y del abogado Rafael Jiménez de Parga (hermano del expresidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga), a los empresarios Pedro Olabarría Delclaux y los hermanos Luis y José Ignacio Romero para el cobro de un crédito de 3,5 millones de euros.

Pero no serían ellos los únicos empresarios coaccionados para el pago de créditos de Banesto, algunos otros recibieron en sus casas a altas horas de la noche la visita coactiva de emisarios del clan Botín que reclamaban con malas artes, propias del hampa, el pago de los créditos.

Como pueden comprobar el hampa judicial y las cloacas del Estado parecen concentrarse en la Audiencia Nacional, creada en su día como un tribunal especial para la lucha contra el crimen organizado, pero que parece que el crimen se ha organizado en torno a la Audiencia Nacional, con magistrados que dictan resoluciones curiosas sobre la extradición de narcotraficantes (Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela 1986) o dejándoles incomprensiblemente en libertad poco antes del juicio facilitando así su fuga (como ocurrió en 2001 con Carlos Ruiz de Santamaría alias “el Negro” en la “operación Temple”), o como las mencionadas relacionadas con el clan Botín, o el reciente y repentino sobreseimiento provisional dictado por el magistrado Santiago Juan Pédraz Gómez archivando el caso por blanqueo de capitales derivado de la “lista Falciani”, instruido, en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por el magistrado José de la Mata Amaya, contra Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, ex secretario general del Santander, y otros seis directivos del departamento de prevención del blanqueo de capitales de la entidad cántabra.

El sobreseimiento provisional decretado por Pedraz el 11-1-21 -nada más llegar a su nuevo destino en el Juzgado Central de Instrucción nº 5- ha sorprendido a muchos dentro del mundo judicial, máxime con la existencia de diferentes informes periciales de inspectores del Banco de España que apuntaban a la comisión de delitos de blanqueo de capitales por Benjumea y otros directivos del Santander al haber contribuido con su operativa al aprovechamiento y ocultación del producto de hechos constitutivos de delito.

Llueve sobre mojado, ya que Pedraz archivó, en abril de 2011, una querella por sobornos a miembros del gobierno de Angola, entre ellos a José Filomeno de Sousa do Santos -hijo del presidente- al que la empresa Eurofinsa habría sobornado, según la investigación de la Fiscalía, con 16,5 millones de euros, joyas y coches de lujo para obtener la adjudicación de un concurso público del Instituto de Carreteras de Angola de 300 millones de euros. Resulta que la empresa Eurofinsa, presidida por Mauricio Toledano, era una de las mayores contribuyentes de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) del exmagistrado a la que habría donado más de 375.000 euros. Casualidades de la vida ¿verdad?

Pero aún hay más. Pedraz también sobreseyó, en 2016, la causa contra Humberto Moreira Valdés expresidente del PRI mejicano y exgobernador del estado de Coahuila por presunto blanqueo de capitales del “cártel de los Zetas”, organización criminal, malversación y cohecho, permitiendo su salida de España donde estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Moreira era el presidente del PRI y mantenía una cordial amistad con…, sí “Balta el mago”. Garzón asesoró al PRI durante la presidencia de Moreira, junto al que fue fotografiado en alguna ocasión. Organizaba jornadas y conferencias legales en México a las que acudían los magistrados de la Audiencia Nacional Pedraz y Fernando Andreu Merelles. Garzón mantenía relación con los dirigentes mejicanos siendo invitado al Foro Internacional Seguridad con Legalidad junto con Pedraz y Andreu. Poco después el trío de amiguetes de la Audiencia Nacional intervinieron en el Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos celebrado en Ciudad Juárez.

Años después, Moreira sería detenido en España e ingresado en prisión, designando como abogado a… “Balta el mago” que declinaría el caso. Tras la toma de la primera declaración que efectuó el magistrado de la Mata que ordenó su prisión provisional por considerar que disponía de medios y conexiones que le permitirían sustraerse de la acción de la Justicia; Pedráz decretaría su libertad, pocos días después, pese a la oposición de la Fiscalía, lo que aprovecharía Moreira para retornar a México. En 2018, dos años después de dejarlo libre, Pedraz no tuvo más remedio que reabrir el caso, por petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que su extesorero, Javier Villareal, testificase, ante los tribunales de San Antonio (Texas), que Moreira se habría apropiado de 130 millones de euros de dinero público.

Después, en marzo de 2016, sería detenido en España el también mejicano Juan Manuel “el mono” Muñoz Luevano, vinculado con Humberto Moreira, acusado igualmente de blanqueo de capitales del “cartel de los Zetas”. El “mono” Muñoz sí fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2019 donde se declaró culpable de lavado de activos del narcotráfico y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en informante con la finalidad de apuntalar la acusación contra Moreira.

Volviendo a Villarejo, en las libretas del ex comisario también aparece el nombre de Manuel Medina, también ex policía como él y abogado que algunos han calificado como “el más poderoso” en la justicia española y del que dicen que “hace milagros en la Audiencia Nacional y en el Ministerio de Justicia” (algunos de ustedes pueden haber recibido alguna carta de su despacho Medina Cuadros que se encarga de recobros de facturas pendientes de empresas telefónicas o eléctricas y que fue comprado por el exbanquero Ángel Corcóstegui en 2019).

Medina, amigo del clan Botín, trabajó durante años para el Banco Santander en el que dicen es muy influyente, tiene relación directa con Garzón y su “troupe” de amiguetes de la Audiencia Nacional “Lola” Delgado, Andreu y Pedraz. Tan intensa es la amistad con estos magistrados que Medina les dedica capítulos en sus libros (libros que por cierto no compra nadie) pero que son presentados por importantes personajes políticos y empresarios, presentaciones a las que además acuden jueces, magistrados, ministras de Justicia, etc. El excomisario Villarejo era habitual del despacho de Medina en el que, al parecer, entraba como Pedro por su casa.

Como pueden juzgar ustedes mismos las vinculaciones de jueces, policías, banqueros y empresarios con el hampa y las cloacas del Estado es indiscutible, siendo difícil discernir quienes son los peores de todos si los miembros del hampa o los propios policías y jueces.

Con toda esta información, creen ustedes que ¿debería el magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abrir una pieza separada para investigar las relaciones del clan Botín y Villarejo, Garzón, Medina y tantos otros, como se ha hecho en las otras piezas separadas que afectan a BBVA, Iberdrola, CaixaBank o Repsol?

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