Habría sido incitado a dictar una sentencia favorable al Santander y Ana Botín
En nuestras anteriores entregas de La Caja de Pandora de la Corrupción Judicial hemos destapado la lista de algunos jueces del Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y Juzgados de Primera Instancia, Mercantiles e Instrucción que presuntamente tendrían millones depositados a su nombre en cuentas de bancos de paraísos fiscales sin declarar ni justificar.
Entre los que aparecían en esos listados se encuentra el polémico juez del Juzgado Mercantil 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, que ya fuera investigado por la UDEF en una causa que sería archivada; que dispondría, presuntamente, de 1,2 millones $ depositados, supuestamente, en el Novobanq de Seychelles.
Sánchez Magro es conocido cómo juez mediático que se ha encargado de los concursos de entidades como Nozar, Grupo Inmobiliario Tremon, Clesa, Sniace, Dentix, o de casos como los de Vivendi y Mediaset, los horarios de la Liga de futbol, el cártel de camiones, Confebus o la Asociación Madrileña del Taxi. Comentarista taurino, crítico literario y gastronómico, amante del vino, es también conocido por sus escándalos, habiendo recibido, al parecer, críticas de sus superiores de la Audiencia Provincial por sus resoluciones judiciales carentes de rigor.
El historial de fraude en los procedimientos concursales es abundante, siendo de tal magnitud que las distintas reformas legislativas de la normativa concursal se han producido para tratar de evitarlo, con poco éxito hasta la fecha. Fuentes jurídicas consultadas por Cuarta Edición nos indican que la reforma de 2003 incluía en la exposición de motivos de la Ley concursal diferentes apartados en los que se reconoce que se ha producido el “predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales”, “soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones” lo que “permitió corruptelas muy notorias”.
Dentro del sector de profesionales dedicados al derecho concursal, son conocidos los sonados escándalos en los procedimientos de quiebras y suspensiones de pagos en los que unos cuantos administradores concursales se hacían con la administración de los expedientes más jugosos.
En la década de los 90 el juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes, y el presidente del TSJ de Madrid, Clemente Auger, ordenaron una investigación ante el acaparamiento de las mayores suspensiones de pagos y quiebras por los administradores Joaquín Lluch Rovira, Miguel Guijarro Gómez, Carmina Soler Balagueró o Alberto Grande García.
https://elpais.com/diario/1992/09/17/madrid/716729057_850215.html https://elpais.com/diario/1993/06/25/madrid/741007470_850215.html?prm=copy_link https://diario16.com/concursos-de-acreedores-un-nido-de-corrupcion/
El reparto de los concursos más jugosos, que siempre recaían en los mismos administradores, no acabó con aquella investigación que quedó en agua de borrajas, sino que ha continuado con otros como Pedro Bautista Martín Molina, al que le investigó la UDEF por, presuntamente, formar parte de una supuesta red que actuaba en connivencia con jueces mercantiles, administradores concursales, abogados y peritos. Durante los años de la crisis, 2008-2014 período en el que se liquidaron cientos de empresas, el negocio era redondo con Martín Molina a la cabeza de los administradores con más concursos adjudicados, seguido de Jesús María Verdes Lezana, Fernando Gómez Martín y Carlos Álvarez Fernández.
https://www.mundiario.com/articulo/ACTUALIDAD/nombran-administrador-banco-madrid-despacho-investigado-udef/20150326204317028626.html https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/administrador-concursal-banco-madrid-jueces_0_1329468076.html https://okdiario.com/investigacion/udef-investiga-despacho-concursal-punica-que-trabajaba-mujer-del-juez-velasco-3689079 https://www.elmundo.es/economia/2015/07/05/5596f9c9ca474145048b45a0.html
La conocida administradora concursal Antonia Magdaleno Carmona fue condenada a 4 años de cárcel por estafar más de 4,6 millones € al propio despacho para el que trabajaba, Broseta Abogados, en el concurso de Martinsa Fadesa.
Las investigaciones de los fraudes en los concursos han llegado al extremo de tener que participar en ellas la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/por-que-ha-entrado-en-prision-antonia-magdaleno-la-principal-administradora-concursal-de-la-crisis-inmobiliaria/ https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2018-11-29/antonia-magdaleno-supremo-carcel-broseta-estafa_1676806/ https://confilegal.com/20181129-el-supremo-confirma-4-anos-de-prision-para-la-administradora-concursal-de-martinsa-fadesa-y-urazca/
Los escándalos por los supuestos abusos de los jueces y los administradores concursales son habituales como en los casos de Grupo Inmobiliario Luxender, NOZAR o del Grupo JALE, en los que los propietarios de las empresas concursadas han tenido que instar reclamaciones millonarias a los administradores concursales, plantear denuncias y querellas contra administradores como José Luis Ramos Fortea, Abraham García Gascón, Cristina Jiménez Savurido o Luis Aurelio Martín Bernardo, por ocultar, presuntamente, deudas de las entidades bancarias con las concursadas, torpedear la aprobación de los convenios de acreedores y la continuidad de la empresa; habiéndose incluso creado asociaciones de acreedores afectados porque el administrador concursal no se había reunido ni informado a los acreedores en 6 años.
Manipulación en las Juntas
Pero el caso al que nos referimos no tiene que ver con las quiebras, los concursos, ni nada de eso, es el de un accionista del Banco Santander y abogado, Eduardo Martín Duarte, que demandó al banco y a su presidente, Sra. Botín, acusándoles de manipular las juntas del Santander año tras año utilizando para ello a los empleados del banco y sus recursos para conseguir delegaciones para Ana Botín, que alcanzarían el 99% del total, para aprobar todas sus propuestas en las juntas de accionistas.
En el procedimiento, durante el cual tuvo que prestar declaración la presidente del banco y su secretario general, Ana Patricia Botín y Jaime Pérez Renovales, se habrían destapado las instrucciones que desde dentro de la entidad se dan a los empleados para acopiar delegaciones para la presidenta.
Se habría descubierto que es el propio Banco Santander el que confecciona las delegaciones para los grandes bancos que tienen en custodia más de 4.000 millones de acciones (Deutsche Bank, BNP Paribas, CITIBANK, BBVA), o que el mayor banco custodio del mundo, The Bank of New York Mellon, tras recibir más de 500 millones de delegaciones confeccionadas por el Banco Santander, se las devuelve manifestando que “no garantiza la autenticidad de las firmas ni la legalidad de las delegaciones”.
El accionista demandante habría probado que las delegaciones de la Sra. Botín se encuentran firmadas en blanco sin que los accionistas confieran instrucciones precisas de voto para las propuestas de la junta, lo que fraudulentamente permitiría a la presidente del Santander aprobar todas sus propuestas y rechazar la de los accionistas como el demandante que habría solicitado en diferentes juntas su cese y remoción por sus actuaciones fraudulentas aprovechándose de la administración del banco, su intervención en la estafa piramidal de Madoff, etc.
También se habría demostrado que las delegaciones que utiliza la presidente del Santander para aprobar su gestión y reelección no cumplen con los requisitos que exigen sus propios estatutos y reglamentos, pese a lo cual se computan para constituir la junta y en las votaciones para la aprobación de las propuestas del consejo de administración, lo que provocaría la nulidad de todas las juntas.
Al parecer, ni la presidente ni el secretario general del Santander, en sus declaraciones, supieron indicar quién verificaba la validez de las delegaciones, cuya nulidad se habría demostrado por el accionista y abogado demandante con los propios documentos que a su solicitud habría aportado el Santander.
Pese a todo, el juez Sánchez Magro habría desestimado la reclamación del accionista del Santander.
Gracias a nuestra información en cuartaedicion.com
Pero, gracias a la información publicada por cuartaedicion.com, el accionista habría recibido documentación que podría indicar que el Banco Santander y Ana Patricia Botín podrían haber sobornado presuntamente al juez para que dictase la sentencia desestimatoria.
Con apoyo en esa documentación, se habría presentado una petición de nulidad a Sánchez Magro planteándole la posibilidad de que el Santander y/o Ana Patricia Botín le hubiesen “inducido o incitado” a dictar sentencia a su favor, desoyendo las pruebas presentadas en el juicio, con el supuesto ofrecimiento de los 1,2 millones $ depositados presuntamente a su nombre en el Novobanq de Seychelles.
El abogado demandante habría solicitado a Sánchez Magro que requiera al banco para que responda si efectivamente existen esos depósitos supuestamente abiertos a su nombre para poder salir de dudas. Al parecer, el juez se habría negado a requerir al Novobanq a tal efecto.
El accionista y abogado también habría puesto en tela de juicio cuál podría ser la intervención del prestigioso despacho Uría y Menéndez en el supuesto soborno, preguntándose si, en el caso de producirse la compra de un juez en una causa, es posible que se realice sin el conocimiento o intervención del despacho encargado de la defensa de la parte que presuntamente soborna al juez.
El tiempo nos dirá en qué queda todo y nosotros en cuartaedicion.com les informaremos, pero cuál es su opinión, ¿es posible que el Banco Santander y su presidente, Sra. Botín, hayan sobornado al juez, con la intervención o conocimiento de su despacho de abogados, Uría y Menéndez, para librarse de una sentencia condenatoria que sería un gran escándalo y obligaría a la dimisión de toda la cúpula del banco y todo su consejo de administración al corriente de los hechos?
