La imputación se extiende a la totalidad de las convocatorias
La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP- CGT) argumenta que el proceso se plantea como una estabilización de las plazas y no de las personas que desarrollan su labor en los juzgados, hecho que entraría en contradicción con la finalidad de la Ley 20/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, así como la Directiva de la Unión Europea 70/99 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la misma materia.
La impugnación apunta a la falta de transparencia en el número de plazas ofertadas y la no identificación de las mismas y recuerda que no se han incluido en los concursos de méritos las vacantes cubiertas por sustitución o habilitación de funcionarios titulares ni la reserva de cupo para personas con discapacidad.
En cuanto a los criterios de valoración, CGT señala que la experiencia previa para la plaza a la que se opta no es un requisito indispensable en los concursos de méritos, lo que denotaría que se trata en este caso de un proceso de encubierto de promoción interna. Existe además una divergencia de valoración de los méritos entre los diferentes cuerpos, al tiempo que algunas convocatorias incluyen criterios de selección subjetivos, como el de poseer “la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del cuerpo al que aspiran”.
La central sindical afirma que de no atenderse su petición “se podría producir un desmantelamiento de la administración de justicia por el alto índice de personal temporal de larga duración existente en algunos juzgados (cifrado en más del 75%) y un cambio de muchos equipos de trabajo, lo que implicaría una disminución de la calidad del servicio prestado a la ciudadanía”.
