La colaboradora de cuartaedicion.com acusa al consejero de Interior, al director general de los mossos y a mandos de la policía de Gerona de malversación y prevaricación administrativa
Valiente como ella sola. La ex cabo de los ‘Mossos d’Esquadra’ Inmaculada Alcolea, denunciante pública del ‘independentismo dentro de la policía autonómica catalana’, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Barcelona por el hecho de que una decena de ‘mossos’ vigilen la casa del expresidente catalán Carles Puigdemont en Gerona, las 24 horas del día.
Al mismo tiempo, nuestra colaboradora afirma que ese servicio, ilegal a todas luces, cuesta la friolera de más de 20.000 euros mensuales y lleva efectuándose más de tres años, por lo que el total ascendería a casi 800.000 euros. Han leído bien; casi 800.000 euros.
Por todo ello, Alcolea denuncia al consejero de Interior, Miguel Samper y a su predecesor, Miquel Buch; también al director general de la policía, Pere Ferrer y su predecesor, Andreu Joan Martínez; al comisario jefe de Gerona, Josep Milán, y mandos como Xavier Domenech y Josep Sala. Todos por supuestos delitos de malversación y prevaricación administrativa continuada.
Alcolea expone en la denuncia presentada hace unos días que ya denunció dichos hechos ante la Fiscalía Provincial de Gerona allá por junio de 2020. Es incomprensible tener a diez agentes vigilando, en turnos rotativos, una casa y a sus familiares. Es un servicio público y puede ser un delito de prevaricación administrativa y malversación de dinero público.
Recordar al mismo tiempo, que este individuo, Puigdemont, es un ex presidente fugado de la Ley (procesado por delitos de rebelión y desobediencia y actualmente en rebeldía), por lo que no merece tal servicio y menos con dinero público.
Alcolea informó que la Fiscalía de Gerona ya archivó la denuncia, por lo que ahora la ha presentado ante la Guardia Civil de Barcelona.
Por último, recalcar que el ministerio del Interior ya informó en 2018 que Puigdemont no tiene derecho a escolta ni nada por el estilo, ya que no ostenta ningún cargo y para más inri es un fugado de la justicia, por lo que es incomprensible este gasto tan absurdo como injustificado, cuando encima este individuo o familiares no han sufrido ni amenazas ni actos violentos.
“El riesgo de esa familia es inexistente y en Cataluña, especialmente en Gerona, estamos faltos de personal para hacernos cargos de la seguridad pública”, señaló nuestra colaboradora Inma Alcolea.
