Comunicado de Ordo Iuris
Pandemias, cierres patronales, guerras… los acontecimientos de los dos últimos años nos recuerdan que la libertad individual y la soberanía nacional no se dan de una vez por todas. Al perder la soberanía, perderemos el derecho a decidir por nosotros mismos, a defender la vida, la familia, el matrimonio y la libertad, y las naciones europeas quedarán completamente subyugadas a los partidarios de las ideologías radicales de los burócratas de la UE y los funcionarios de la OMS.
Las amenazas vienen de muchas direcciones.
En julio, la Organización Mundial de la Salud publicó un borrador de trabajo de un tratado sobre pandemias que documenta el intento de la OMS de asumir gran parte de la soberanía de los Estados miembros. Como consecuencia de la adopción de dicho tratado, organismos de expertos no elegidos, no democráticos y anónimos podrían imponer más restricciones a los derechos y libertades civiles de los Estados, como procedimientos médicos forzados, encierros, etc.
Por eso, en la audiencia pública organizada por la OMS, destacamos la necesidad de garantizar la soberanía de los Estados en el ámbito de la política sanitaria y el libre debate científico, incluida la libre crítica de los distintos modelos de política sanitaria.
Mientras tanto, el proyecto de tratado habla de “un papel central para la OMS en la prevención, preparación y respuesta a la pandemia como organismo internacional de dirección y coordinación, convocando y generando pruebas científicas”. El debate sobre si el tratado debe ser vinculante o no se realizó a puerta cerrada.
El proyecto propone la creación de un “mecanismo global de revisión por pares” para evaluar la capacidad de los países firmantes para responder a las amenazas de pandemia, que la OMS podría utilizar fácilmente para penalizar a los países que sigan una estrategia de control de la pandemia diferente a la adoptada por la OMS.
Además, recomienda combatir la “información falsa, engañosa o desinformada”, que puede llevar a la censura del debate científico sobre cómo combatir la propagación de enfermedades infecciosas, así como las numerosas referencias al “respeto de los derechos humanos”, que se ha utilizado para colar la ideología de género o del aborto en el derecho internacional durante muchos años. El proyecto de trabajo del tratado menciona repetidamente la “igualdad de género”.
Los trabajos están en curso. Habrá una segunda sesión de audiencias públicas a finales de septiembre y una tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental a finales de diciembre.
La soberanía de los Estados también se ve amenazada por los planes de los burócratas europeos que quieren crear un superestado basado en los principios del Manifiesto comunista de Ventotene sobre las ruinas de la Europa de las patrias. Este es el objetivo de las recomendaciones de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa” (CFdE), que el Parlamento Europeo “acogió con satisfacción” en una resolución especial, aprobando “una revisión radical de la Unión Europea: el fin de la unanimidad, la abolición del derecho de veto, un ejército de la UE, listas electorales supranacionales y mucho más”.
Reunión en Bruselas con los eurodiputados
En respuesta, organizamos una reunión con los eurodiputados en Bruselas, en la que se afirmó que el objetivo de la Conferencia era crear la impresión de apoyo público a la ampliación de las competencias de los órganos de la UE, que el debate, en el que sólo tomaron la palabra unas decenas de miles de europeos. No era una expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de la UE. Las naciones de la UE se mostraron contrarias a las recomendaciones del CFdE y los ciudadanos no querían listas electorales transnacionales de la UE, sino libertad de comercio y de viaje.
En nuestro informe sobre las recomendaciones del CFdE, señalamos que su aplicación privará a los Estados más pequeños de participar en la elaboración de las políticas de la UE, provocará una injerencia en los derechos electorales de los Estados y limitará la capacidad de éstos para ejercer su autodeterminación en muchas cuestiones, como la protección de la vida de los niños no nacidos o la eutanasia, limitará la libertad económica e introducirá la “igualdad de género” entendida según los postulados de la ideología de género, lo que a menudo conduce a una verdadera discriminación de género. Cada eurodiputado recibió nuestro informe en inglés.
También analizamos detalladamente los “hitos” del Plan Nacional de Reconstrucción, a los que la Comisión Europea condiciona el desembolso del Fondo de Reconstrucción a los países que ya están pagando los intereses del mismo como parte del presupuesto anual de la UE.
El mecanismo del PNR somete a los países a las decisiones arbitrarias de los funcionarios de la Comisión y el Consejo, que se afanan en disciplinar a algunos de ellos, por ejemplo, Polonia y Hungría, por violar supuestamente unos vagos “valores europeos”, y aunque supone el aumento de la resistencia y la competitividad de la economía, no introduce soluciones para reducir la burocracia o la fiscalidad laboral. En cambio, exige, entre otras cosas, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, un impuesto sobre los coches de combustión, la creación de un nuevo modelo de presupuesto estatal, la modificación del reglamento del Parlamento y de la Carta del Profesorado, etc.
La presencia de organizaciones provida en la UE provocó una violenta reacción de la extrema izquierda. En nombre de los valores europeos, los 8 eurodiputados de la facción Renew Europe exigieron la exclusión de sus representantes de los trabajos del Parlamento y la retirada inmediata de su acreditación. En respuesta a esta medida, inspiramos una respuesta de 24 eurodiputados de diferentes facciones de Polonia, Estonia, España, Alemania, Italia y Hungría, formamos una coalición de oposición y redactamos una carta dirigida a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. En ella señalábamos que “la libertad de expresión, de pensamiento y el pluralismo son la base de los valores de la Unión Europea” y que el derecho comunitario no concede a nadie el “derecho al aborto”. Subrayamos que no existe ninguna base legal para retirar la acreditación en el PE a las organizaciones provida.
Estas y otras cuestiones importantes requieren nuestra respuesta y nuestra acción. Por eso seguimos vigilando el trabajo de la OMS y la UE, escribimos análisis, informes y peticiones y los enviamos a los organismos responsables.
