Nueva entrega de ‘La Caja de Pandora de la corrupción judicial’
En las anteriores entregas de “La caja de Pandora de la corrupción Judicial”, hemos incrementando el listado de jueces que dispondrían de millones de euros y dólares en paraísos fiscales.
La posibilidad de justificar la procedencia de ese dinero por parte de jueces es complicada al percibir un salario como funcionario, por lo que es natural y lógico suponer que pudieran tener origen presuntamente en forma de favores o sobornos, que pudieran motivar una posible preferencia del juez por una de las partes. Todo presuntamente y según la documental que justifica los indicios.
En esta ocasión, y recordando la historia de nuestra anterior entrega en la que Prometeo entregó el fuego a los humanos, en esta ocasión, la información que nos ocupa, de fuentes cercanas a una empresa íntimamente relacionada con el fuego, se trata de RECUPERACIÓN DE MATERIALES DIVERSOS S.A. (RMD) de la localidad leonesa de Ardoncino, que se habría deshecho de miles de toneladas de neumáticos, como consecuencia de un incendio del año 2015 que permaneció activo durante semanas. Esta catástrofe medioambiental, sólo comparable con el incendio de Seseña, motivó una denuncia de Ecologistas en Acción de León, y ahí es donde, al parecer, entrarían en juego los jueces.
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-juicio-rmd-incendio-planta-neumaticos-2015-presunto-delito-contra-medio-ambiente-20191108181038.html https://cadenaser.com/emisora/2019/03/13/radio_leon/1552478816_451006.html
La información de fuentes relacionadas con la empresa, mencionarían múltiples depósitos bancarios de varios jueces de diferentes órganos e ideologías, todos pertenecientes a los Juzgados de León, donde esta empresa de reciclaje de neumáticos usados tiene abiertos procedimientos, tanto penales como mercantiles.
Según la información, los dirigentes de la empresa acostumbrarían a jactarse sobre que “nunca perderán nada en el Juzgado de León” (afirmaciones parecidas a las del directivo del Banco Santander que habría grabado Andrea Orcel), haciendo entender a los propios trabajadores en las reuniones mantenidas en el seno de la empresa, que poco o nada podrán hacer los empleados en caso de solicitar RMD un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), o en caso de incumplir la empresa los acuerdos del anterior ERE. También indican que es “vox populi” entre los empleados, que, aunque el motivo de los ERE es el encontrarse la empresa en difícil situación económica, los socios de la misma, tienen sucursales y empresas asociadas en España y el extranjero, con una buena posición económica.
Al parecer, podría existir relación entre los intereses de la empresa de reciclaje de neumáticos, y los resultados favorables que se habrían obtenido en procesos judiciales con el archivo inicial de la denuncia por el incendio de León, que habría sido dictada por magistrados que parecen tener depósitos presuntamente a su nombre en cuentas Offshore, con cantidades de difícil justificación para un funcionario público que difícilmente podría llegar a acumular los importes que refleja la documentación.
Denuncia de ecologistas en acción de León
El archivo inicial de la denuncia interpuesta por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN de León, según se nos informa, se habría realizado por Concepción Ramiro Bargueño, juez que aparecería en la información como titular de depósitos, por un valor de 800.000 € en el banco LGT BANK situado en Vaduz, Liechtenstein.
Igualmente, las fuentes afirman que también habría depósitos a favor de Lucía Martínez Gutiérrez, fiscal que tras la apertura de la vista oral del incendio, al parecer más que acusar defendería a la investigada RMD, al haber solicitado la absolución del acusado. Según la documentación, la fiscal sería presuntamente beneficiaria de varios depósitos en el UNIONBANK, de Liechtenstein, por más de 500.000 €. La posible existencia de esos depósitos presuntamente abiertos a nombre de la fiscal, podría ser una pieza clave sobre la sorprendente solicitud de archivo, contraria al criterio al parecer sostenido por la Audiencia Provincial en auto de 12 de febrero de 2019 en el que se habrían mencionado “los fuertes indicios de presunto delito contra el medio ambiente de incendio imprudente”.
Además del asunto penal por los delitos contra el medio ambiente, la empresa leonesa se encuentra inmersa en un procedimiento concursal.
https://www.tribunadesegovia.com/noticias/6702/sigue-adelante-el-proceso-penal-por-el-incendio-de-neumaticos-en-ardoncino-en-2015
“En opinión de Ecologistas en Acción, la única pretensión de RMD era dilatar el proceso, en espera de la resolución satisfactoria (para la mercantil) del Concurso de Acreedores en que se halla inmersa, para intentar eludir sus cuantiosas responsabilidades medioambientales, incluida la extracción completa de los residuos enterrados en Villanueva del Carnero”.
Al parecer, el juez encargado del concurso, también aparecería como presunto titular de depósitos, esta vez en Luxemburgo. Se trataría de Pablo Arraíza Jiménez del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 y Mercantil de León y Juez Decano, quien ha aprobado recientemente una modificación de convenio de acreedores, con una quita del 96 %, en un concurso que ronda los 100.000.000 €. Resulta sorprendente la generosa rebaja a favor de la empresa RMD que instó el concurso en 2008, y que dejaría de pagar más de 90 millones de euros en perjuicio de las acreedoras que se encuentran sin cobrar desde entonces. El juez Arraíza Jiménez dispondría, según la documentación, con diez depósitos en la entidad brasileña Bradesco con sede en Luxemburgo, con un total de 1.500.000 €.
También aparecería en la documentación otros nombres como Ana del Ser López, también magistrada de León, con depósitos por valor de 500.000 € en el AIB BANK, en la isla de Jersey. En la misma isla, tendría también cuenta en la entidad RBC de Jersey, por un valor de 800.000€, quien respondió inicialmente como representante de la empresa RMD frente al incendio de neumáticos tras la denuncia de Ecologistas en Acción, Luis María Rodríguez Sánchez.
Los indicios dan qué pensar y hacen presumir una posible relación entre los diferentes agentes de esta supuesta trama de cadena de favores con aparentes intereses en cada uno de sus diferentes eslabones.
Nos surgen unas preguntas que nuestros lectores y los ciudadanos españoles tenemos derecho a conocer sus respuestas:
¿Por qué tiene la empresa esa información de cuentas Offshore de jueces y fiscales? ¿Se corresponden a posibles sobornos a cambio de las resoluciones a favor de la empresa? Y, si no es así, acaso la han utilizado para forzar a que las resoluciones siempre sean favorables a la empresa? ¿Cómo pueden los jueces y fiscales tener depósitos en paraísos fiscales por esas cantidades? ¿Pueden justificar su procedencia? ¿Tienen los depósitos relación con el incendio de neumáticos y la quita del 96% del concurso, o corresponden a otros asuntos?
¿Qué opinan nuestros lectores; si no se puede justificar la procedencia de esas elevadas cantidades por unos jueces que sólo han ejercido en la Carrera Judicial y no pueden explicar ingresos adicionales; es razonable la duda sobre la procedencia de esos ingresos del posible cohecho y la corrupción judicial?
Para despejar la duda tan sólo se requiere una respuesta de las entidades bancarias certificando o negando si dichas personas disponen de esos presuntos depósitos, de lo contrario la duda pasará a tener carácter de certeza, con los indiscutibles efectos en la opinión pública respecto a la corrupción judicial que parece azotar nuestro país.
Los presuntos beneficiarios de los depósitos bancarios, pasarán a engrosar la lista negra que vamos denunciando desde este medio y que hasta la fecha nadie ha desmentido, y de la que los medios oficiales no parece que tengan intención de hacerse eco pese al grave problema que conlleva.
En este caso, además, no solo se puede intuir la corrupción en los concursos, como hemos apuntado en anteriores artículos, sino que además se suma la problemática medioambiental y el incendio de neumáticos que tantas veces se está repitiendo, precisamente porque interesa que ardan evitando costes de triturado, y cobrando de los seguros, algo en lo que informaremos en otro artículo más adelante.
