domingo, mayo 19, 2024

Incompetencia y corrupción de la CARM con los niños tutelados

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Por el Dr. D. Juan Mariano Pérez Abad

Cualquiera que leyera las resoluciones que alejan a Yolanda Ibáñez Rodríguez de sus hijos, se quedaría tan terriblemente preocupado como lo estamos nosotros. La preocupación no es solo por estos 4 y por el resto de los 50.000 niños que están bajo la tutela del Estado, sino por todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos de este País. El problema ya no es solo que la CORRUPCIÓN institucional que se haya apoderado de todo el funcionamiento del Estado, sino la gravísima INCOMPETENCIA PROFESIONAL que demuestran nuestras Instituciones.

Yolanda es una vecina de la localidad murciana de Jumilla, madre de 4 hijos cuyo padre es Youness Harakat, un ciudadano marroquí del que está divorciada por el Juzgado de Violencia de Género. De condición humilde, trabaja como jornalera agraria para ganarse la vida y defender a sus hijos, lo que ahora se traduce en pagar el abogado privado que le ayude a recuperarlos. Entre el Juzgado y los Servicios Sociales se los tienen quitados, pero ella los ama y los quiere recuperar. De los 4, el menor tiene un retraso importante que hace que el sufrimiento por la separación forzosa sea aún mayor.

El problema nace de una historia abigarrada y algo sórdida que incluye la alianza de su madre y su exmarido en su contra, al parecer por un romance entre ambos. Más de un alma sucia se apresurará a descalificarlos a todos como gente de baja clase y a sentenciar que merecen lo que les sucede y que los niños estarán mejor lejos de ellos. Sin embargo, más allá de los informes psicológicos favorables sobre la capacidad de Yolanda como madre, el increíble esfuerzo que está siendo capaz de desarrollar para recuperarlos demuestra que no hay nada ni nadie mejor en el mundo que esta madre para cuidar de sus hijos.

Cuando se desata un conflicto familiar tan grande como el que azotó a esta familia, el odio, el despecho y el deseo de venganza pueden producir daños imperdonables entre personas que antes se amaban. Entonces se hace necesario que intervenga un árbitro que ponga paz en la pelea o, al menos, que marque el punto de equilibrio, poniendo siempre por delante los intereses de los niños. Para que cumplan esa función, pagamos y les damos autoridad a los jueces y a los funcionarios de la Justicia y de los Servicios Sociales.

Tal y como está montada actualmente la legislación de Menores en España, los Servicios Sociales tienen la puerta de la corrupción abierta de par en par. Aunque parezca inconstitucional (y probablemente lo sea) ellos tienen autoridad para declarar a los niños en desamparo y quitárselos a sus padres sin la intervención de ningún juez y, de hecho, son ellos quienes habitualmente lo deciden. Además, también son ellos mismos los que administran las enormes sumas de dinero (unos 7.000 € / mes por cada niño tutelado) que se destinan al cuidado de estos niños. Tal y como está diseñada la legislación hoy en día, le pueden quitar los hijos a quien quieran y cuando quieran, hasta saturar las plazas disponibles en sus residencias y hogares de acogida. No se trata tan solo de que haya funcionarios corruptos dentro de los Servicios Sociales, sino de la corrupción intrínseca que define su estructura de funcionamiento.

Un negocio redondo

Es un negocio redondo pues mueve muchísimo dinero y, si la familia reclama judicialmente contra su decisión, ellos mismos serán de peritos del juzgado y sus informes técnicos tendrán que prevalecer (por Ley) sobre los que presenten los padres. Y si, a pesar de todo, la sentencia firme terminara dándole la razón a los padres, los funcionarios implicados no sufrirán ningún tipo de sanción y la indemnización que reciba la familia la pagaríamos nosotros, los contribuyentes, y no ellos.

Yolanda y sus hijos son una presa ideal para ellos: son pobres, sin estudios ni influencias, se encuentran en el seno de un conflicto familiar grave que impedirá que se unan todos en contra de ellos y son una presa suculenta: 4 niños (21.000 € aprox.) que tutelar “de una sola tacada”.

Al valorar la actuación de los Servicios Sociales en este caso, podríamos suponer que los graves errores que contienen los documentos que elaboraron se podrían deber a su afán de sacar provecho económico, disfrazando una decisión injustificable a sabiendas de que van a quedar impunes, aunque se descubriera el engaño.

Son errores tan graves como el que contiene un documento de fecha 27-1-2022, un “Trámite de Audiencia” que Yolanda mantuvo ante la técnico de Servicios Sociales Pilar Rueda, en el que le aparecen a Yolanda 3 hijos nuevos de la nada, hijos de los que dicen que ya se los habían quitado y dado 2 en adopción. En otro documento, un “contrato de compromisos” fechado en enero de 2023, le exigen “Mantener una relación no conflictiva con su expareja y padre de los menores”, con el que tiene una orden de alejamiento mutua, de forma que sería de nuevo encarcelada de inmediato si mantuviera con él cualquier tipo de relación.

Quizás por eso de que de todas formas le iba a ser imposible cumplir esas condiciones (desde la cárcel tampoco podría relacionarse con él) es por lo que no se han esperado ni un mes para quitarle las pocas visitas (1 hora a la semana) que le concedían con el único hijo que aún le permitían ver.

Pero con el Juzgado es diferente. En su estructura de funcionamiento no se produce ese fenómeno de corrupción intrínseca, pues no hay estipulado un interés económico para incentivar la separación de los niños con sus padres y sus seres queridos, al menos tan evidente como el de los Servicios Sociales.

Resoluciones anormales y aberrantes

Aun así, en la Justicia encontramos documentos y resoluciones tan anómalas y aberrantes como los que veíamos en los S.S. Aunque no disponemos del documento de la sentencia que condenó a Yolanda a 4 meses en prisión, resulta sorprendente que ambos exesposos incumplieran una orden de alejamiento mutua y que solo sea ella la condenada y él no, justo al contrario de lo que es lo habitual. Se trató de un encuentro casual en el que no se produjeron incidentes: en aquel pequeño pueblo, él paró a repostar en la gasolinera donde ella esperaba el autobús del trabajo. Presuponemos que tan solo se trató de un enorme error, que se equivocaron en el sexo al que imputar, que no existió ningún tipo de discriminación contra ella porque él sea musulmán y magrebí. Tampoco es nuestra intención deducir ningún tipo de animadversión personal que impulsase la decisión prevaricada de encarcelarla. Queremos entender que tan solo se trató de un gran error profesional, una lamentable licencia a la incompetencia.

Mucho más grave nos parece la falta de competencia profesional que emana de otro documento al que sí que hemos tenido acceso, en el que le impone orden de alejamiento de dos de sus hijos la juez de instrucción del 1 de Jumilla, Alba Robles Rabasco. Es la misma que la internó en prisión a ella en vez de a su ex y la misma que se hizo famosa por unos días en los medios, por decretar la libertad provisional de los asesinos de un chaval del pueblo llamado Kevin. Aquel homicidio fue muy sonado, porque también puso muy en duda la competencia profesional de las Fuerzas de Orden Público de Jumilla, pues se cometió delante de las narices de dos agentes que mantenían una actitud pasiva ante una pelea callejera.

El 20 de noviembre de 2021, la juez ordena en otro documento el alejamiento de Yolanda de 2 de sus hijos, la segunda y el cuarto (minusválido) La orden se basa en una acusación de maltrato de Yolanda hacia estos 2 hijos, en especial hacia el menor, incapaz de declarar por su minusvalía. Le imputan haber tirado al pequeño por unas escaleras y haberlo abandonado allí inconsciente, de forma que tuvieron que ser unos vecinos los que llamaron a la ambulancia que le prestó asistencia sanitaria. El problema es que no se molesta en concretar el día en el que presuntamente ocurrió este suceso, no se ha identificado a los vecinos que se dice que tuvieron que auxiliarlo ni se menciona ningún registro de la asistencia sanitaria que presuntamente recibió el niño tras la presunta agresión. La resolución se basa en las declaraciones de la segunda hija sobre algo sucedido “el año pasado”, a pesar de reflejar textualmente que una psicólogo expone: “hace dos semanas, en el seguimiento efectuado a la familia, la menor expuso que estaba muy bien con su madre”. Tampoco tiene en cuenta el grave conflicto familiar que enfrentaba a Yolanda con la alianza entre su exmarido y su madre y que fue esta última la que había estado cuidando a su nieta durante los meses que la madre había estado trabajando fuera y tenía muy fácil manipularla.

Pero lo que nos deja realmente atónitos es el escrito de acusación del fiscal por el presunto delito de violencia doméstica, firmado por Carlos Salmerón Lucas, que le pide un total de 5 años de cárcel, 3 por un delito de maltrato habitual y 1 por cada uno de los delitos de lesiones que le imputa hacia la segunda y el cuarto hijos.

Falta de rigor profesional

Resulta una absoluta falta de rigor profesional que, en el primero de los delitos, hable de agresiones y lesiones repetidas sin hacer mención a ni un solo informe de urgencias o pediatras que las acrediten. Que hable de amenazas de “mandarlos a un centro” cuando ella había recurrido a Juzgado y Policía para conseguir que su madre (“aliada” sentimentalmente con su ex) le devolviese a sus hijos cuando volvió de trabajar fuera de su pueblo. Tampoco parece tener lógica que les amenazara con “mandarlos a vivir a Marruecos” cuando su mala relación con su exmarido marroquí la había hecho merecedora de una orden de alejamiento mutua con él. Y sobre los 2 delitos de lesiones, resulta ridículo que en el de arrojar por las escaleras al menor diga cosas como “en el año 2021, sin poder fijar fecha exacta” y sobre el de la “lesión” por haber golpeado en la espalda a la segunda diga que “no consta si sufrió lesiones”.

Y así vemos que, tanto en los Servicios Sociales como en la Justicia, “el bien superior del Menor” se convierte en la piel de cordero de estos Poderes Públicos, convertidos en lobos depredadores de niños por el efecto de un cóctel bien agitado de incompetencia y corrupción.

Pero, en realidad, a los que conocemos la situación del Sistema de Protección de Menores en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) esta situación no nos sorprende para nada. En un país neototalitario como España, donde el Poder Ejecutivo (los políticos) ostentan el poder absoluto y designan con bastante arbitrariedad, no solo a los cargos de las Administraciones Públicas, sino a los candidatos a representantes del Poder Legislativo y, sobre todo, a los miembros de los órganos de gobierno del Poder Judicial, no es de extrañar que todos los servidores del Estado adolezcan de los mismos defectos de corrupción e incompetencia que sus jefes. No parece necesario extenderse en explicar aquello del defecto de corrupción de la CARM. Y sobre el de incompetencia, especialmente en lo referente al Departamento de Menores, ya nos lo explicaron ellos mismos en la respuesta a unas preguntas que dirigimos recientemente al Parlamento y Gobierno Autónomos.

Ojalá que el asunto de los hijos de Yolanda ante Sociales y Justicia de la CARM, fuera el despertador que nos hiciera llegar la señal de alarma sobre el funcionamiento del Sistema Organizativo y los Poderes Públicos de nuestro País, antes de que la situación se haga completamente irreversible.

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