La Guardia Civil tiene pruebas suficientes para investigar a Salvador Illa y Fernando Simón por avalar la marcha de las mujeres cuando ya tenían en sus manos informes que advertían del peligro de la pandemia
No olvidaréis nunca el dichosos 8-M, ya que os ha sentenciado. Es más, ningún español olvidará nunca el dichoso día de las femiperroflautas, ya que fue uno de los principales focos de expansión del coronavirus y responsable a su vez de numerosas muertes en España.
Y hay culpables, con nombres y apellidos; Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Estos dos individuos, lógicamente por órdenes del máximo Ejecutivo, dieron luz verde a la manifestación del 8-M, a sabiendas del gravísimo peligro que corrían los manifestantes, ya que había informes previos que advertían del peligro del coronavirus.
Es más, días antes, estos dos personajes instaron a la comunidad evangélica a suspender actos previstos para la segunda quincena de marzo. Es decir, adviertes a unos del riesgo que supone la pandemia y permites días después una manifestación a la que acuden miles de ‘borregas’ manipuladas por el Gobierno, al mismo tiempo que permites mítines políticos y actos deportivos multitudinarios. UN CRIMEN EN TODA REGLA.
Por ello, la Guardia Civil ve pruebas más que suficientes para imputar a Illa y Simón. Pero que quede claro que no son los únicos responsables, simplemente son los peones mandados al matadero por los capos de este nefasto Gobierno.
Ahora el Ejecutivo tiembla. Las gravísimas mentiras y ocultación de informaciones claves para prevenir la pandemia están saliendo a la luz, aunque intenten manipular la verdad desde sus medios de comunicación comprados. El Gobierno está expuesto más que nunca y quieren fulminar a todo aquel que pueda arrojar más luz sobre este vergonzoso capítulo de la triste historia de España.
El último en caer ha sido Diego Pérez de los Cobos, jefe de la guardia Civil de Madrid, cesado de su cargo por orden directa de Marlaska, ministro de Interior. ¿Y todo por qué? Supuestamente por “falta de confianza”, pero la realidad es muy distinta. Este hombre investigaba las responsabilidades del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y de las autoridades sanitarias por permitir la celebración de algunos actos masivos, como el 8-M.
No quiso rendir cuentas a Marlaska, ya que las investigaciones oportunas son competencia única y exclusivamente de la unidad que trabaja bajo las órdenes de la jueza Rodríguez Medel, que estudia todo lo relacionado con la mal-infestación del 8-M, y por ello fue fulminado de su cargo. Pero la decisión de Marlaska y todo el séquito de Sánchez traerá consecuencias.
Rodríguez-Medel no está dispuesta a que el Gobierno siga imponiendo su dictadura. Ya ha advertido de responsabilidad penal a Interior si no respeta a sus guardias. Al mismo tiempo, recordó que, amparándose en el artículo 15 del Real Decreto 769/97, los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar una estricta reserva sobre investigaciones.
Es más, la magistrada del 8-M ya ha pedido al ministerio de Sanidad que aporte a la Guardia Civil, antes del 1 de junio, los dos documentos emitidos por su departamento previos a la manifestación del 8-M.
Rodríguez-Medel quiere saber a ciencia exacta a quién se dirigió el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades del pasado 2 de marzo, donde se aconsejaba evitar aglomeraciones masivas, como la del 8-M. Quiere saber si tenía constancia de ello la Delegación del Gobierno de Madrid y por consiguiente el mismísimo Gobierno, poniendo en riesgo la salud de millones de españoles.
Esta magistrada piensa seguir adelante y llegar hasta el final, aunque se tenga que llevar por delante a unos cuantos ministros, responsables directos de la nefasta gestión del coronavirus en nuestros país, uno de los más castigados a nivel mundial tanto en muertos como en contagiados.
