Ha sido llamada a declarar por presunta manipulación de las juntas de accionistas del Santander
Horacio, el poeta latino, decía que “la Justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”; y eso es lo que le ocurre al clan Botín porque tras su estela ha dejado muchos damnificados deseando devolverles las faenas sufridas. Hasta el momento los jueces han protegido a los Botín y al Santander, no en vano tanto Ana Patricia Botín como el departamento jurídico de la entidad presumen de mandar en la justicia y no perder un procedimiento si no quieren.
Pese a ello, en el pasado año 2020, el “annus horribilis” de Jaime Botín –tío de la presidenta del Santander-, el Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid le condenó a 3 años de prisión, al pago de más de 90 millones de euros por el contrabando de un cuadro de Picasso y a la pérdida de la obra.
Pero ahora, la sombra alargada de la Justicia se cierne cada vez más sobre Ana Patricia Botín, y el 2021 promete convertirse en su particular año horrible, y a buena fe que existen generaciones de afectados por sus tropelías, atropellos y abusos, y los de su padre, que están deseosos de amargárselo, y muchos otros están ansiosos por verlo.
Ya en octubre pasado, la presidenta del Santander tuvo que acudir a declarar como testigo a la Audiencia Nacional en el “caso Popular”, y de la declaración parece que no salió muy airosa al incurrir en contradicciones y, según algunas publicaciones, en posible falso testimonio.
El 10 de marzo está señalado el juicio del “caso Orcel” en el que se reclaman más de 100 millones de euros ante el Juzgado de Primera Instancia nº 46 de Madrid, en el que está previsto que declare también como testigo; salvo que con anterioridad se alcance un acuerdo entre el banco presidido por Ana Patricia Botín y el financiero italiano para que éste fiche por el banco transalpino Unicredit y retire su demanda, como se rumorea. La presidenta del Santander está muy interesada en solucionar este problema porque le afecta directamente a su imagen en el mundo financiero internacional.
Pero la última citación judicial se produjo el pasado martes 19 de enero cuando el magistrado del Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, acordó señalar la vista del juicio para el 5 de mayo citando a Ana Patricia Botín para someterse como demandada al interrogatorio del abogado y accionista del Santander, Eduardo Martín-Duarte Rosa, como consecuencia de la demanda interpuesta por éste contra Ana Patricia y la entidad bancaria que preside.
El motivo por el que Ana Patricia deberá responder ante el juez es por la acusación de la “manipulación” de la junta de accionistas mediante la captación de delegaciones de voto de los accionistas en su beneficio exclusivo aprovechándose de los resortes, medios económicos y personales del banco. Ana Patricia Botín tendría los mismos derechos que cualquier otro accionista a la hora de solicitar las delegaciones de voto y no estaría autorizada para hacer uso privilegiadísimo de los empleados de las sucursales bancarias para hacer acopio de las delegaciones de voto.
Según se alega en la demanda esa captación de delegaciones y su utilización en las juntas para aprobar su gestión bordearía la ley incurriendo en las figuras jurídicas del “abuso de derecho” y el “fraude de ley”. Para obtener esas delegaciones o representación de los accionistas, Ana Patricia Botín, como cualquier otro accionista, debería llevar a cabo una solicitud pública dirigida a los accionistas para que estos le otorgasen sus delegaciones, pero, según la demanda, no lo hace y se aprovecha de las comunicaciones que remite y paga la entidad con la convocatoria a los accionistas con las que se incluye una carta de Ana Patricia Botín, en su condición de presidenta, en la que se incitaría a la delegación del voto a su favor.
Según se estaría discutiendo en el procedimiento, con las delegaciones obtenidas por esa vía ventajista, la presidenta conseguiría aprobar su gestión, ser reelegida como consejera y evitar que cualquier petición de su cese o el de sus consejeros sea aprobada por los accionistas, lo que implica la utilización abusiva de delegaciones de voto en casos de manifiesto conflicto de intereses como los indicados o las peticiones de responsabilidad social.
De esa manera, disponiendo de las delegaciones de voto de las que hacen acopio los empleados de las sucursales, las juntas de accionistas son auténticos desfiles militares en los que Ana Patricia Botín consigue sin esfuerzo todo lo que pretende, no sin que para ello tenga que escuchar las intervenciones del accionista Eduardo Martín-Duarte Rosa en las que acusa a la cúpula del banco de hacer negocios aprovechándose de la información, las relaciones y los medios del banco en perjuicio de todos los demás accionistas.
Ejemplos de operaciones en el que el único beneficiario es el banco
Ejemplos de esas operaciones colaterales de las que se beneficia solamente la cúpula del banco en perjuicio de los accionistas tenemos el del “caso Inversión Hogar” y la finca de Mijas, en el cual los miembros del comité ejecutivo del Santander se habrían quedado con una finca de 500.000 m2 por 475.000 euros cuando la misma tendría una valoración que superaría los 60 millones de euros. Operaciones como esa con inmuebles ejecutados por el banco serían habituales entre los miembros de la alta dirección del banco, que no se conforman con sus retribuciones salariales e incrementan sus emolumentos con operaciones que pudieran considerarse delictivas. Mientras tanto, los accionistas minoritarios están “a por uvas” sin enterarse de nada y viendo como la acción ha perdido más del 60% de su valor durante la presidencia de Ana Patricia Botín y las pérdidas del 2020 superan los 9.100 millones de euros según las últimas previsiones hechas públicas por Barclays.
En la demanda también se acusaría a la presidenta y al banco de tener diseñada una tarjeta de delegación y asistencia a la junta que con su redacción se induce al accionista a delegar en la presidenta y a votar a favor de sus propuestas, pese al conflicto de intereses, consiguiendo así ser reelegida o evitar su cese y de sus consejeros.
Otro de los hechos denunciados consistiría en la utilización de un sistema de votación de las propuestas tendencioso ya que recurre a un sistema de voto para que las propuestas de la presidenta y el consejo de administración sean aprobadas y otro diferente para que sean rechazadas las de los accionistas. Ni en las dictaduras más remotas del país más recóndito del tercer mundo se aplican sistemas de voto tan parcial, poco ecuánime y antidemocrático.
Ana Patricia Botín no acudirá sola ante la Justicia
La presidenta del Santander no acudirá sola al amargo trago ante la Justicia, ya que sus abogados del despacho Uría, ante el peligro, han desplegado toda la artillería con una batería de testigos del alto mando del departamento jurídico del Santander (el mismo en el que se jactan de no perder ningún juicio si no quieren) capitaneado por el secretario general de la entidad, Jaime Pérez Renovales (del que algunas fuentes dicen que cobra tanto como la presidenta, es decir, más de 10 millones de euros anuales por documentar, tapar y arreglar todos los asuntos turbios de Ana Patricia y el banco), y el director de asesoría jurídica corporativa, Javier Illescas Fernández-Bermejo (antiguo socio del despacho de abogados Uría).
El despliegue de testigos diseñado por los abogados del Santander respondería a la intención de ofrecer un mayor apoyo para el supuesto de que la presidente cometiese errores e incurriese en contradicciones como ya habría ocurrido en su declaración en la Audiencia Nacional, que causó gran polémica entre las partes del procedimiento y también en la entidad, especialmente con Rodrigo Echenique que, tras ser advertido por el Juez Calama Texeira de una posible contradicción con lo declarado por Ana Patricia Botín, manifestaría que la presidenta está a sus cosas de presidenta.
Según fuentes jurídicas consultadas por cuartaedición.com por muchos testigos que lleve el Santander –todos ellos testigos de parte pertenecientes al propio banco lo que les haría susceptibles de tacha por su relación laboral y su manifiesto interés directo-, los hechos están muy claros, y muestra de ello sería que el magistrado Sánchez Magro ya dictó una resolución en la que llamaba la atención sobre diferentes actuaciones del banco sobre la delegación “casi por la fuerza de la gravedad” a la presidenta lo que le parecía “una cuestión de dudosa imparcialidad” y sobre la redacción de las tarjetas de delegación de voto que consideraba “redactadas de manera que hay una atracción clara hacia la defensa de los que gobiernan la entidad”, “no ajustada a la voluntad de voto del accionista” y que “no contiene todas las posibilidades que deben ofrecerse a un accionista”. Así se demostraría la veracidad de las denuncias del demandante y la equivocada postura adoptada por el departamento jurídico del banco de oponerse a lo solicitado por el accionista para defender una actuación presuntamente fraudulenta de otro accionista como es, al fin y a la postre, Ana Patricia Botín.
Todas estas prácticas llevan siendo utilizadas por el Santander desde hace infinidad de años, pero lo que es peor es que no son prohibidas por la CNMV, que, muy al contrario, protege esa práctica ilícita que llevan a cabo casi todas las empresas del IBEX35; por lo que la demanda del accionista del Santander, si fuera estimada en la sentencia del juez Sánchez Magro, podría llevar consigo la reforma de todo el sistema utilizado por las empresas cotizadas para manejar a su antojo las sociedades y sus juntas de accionistas sin contar, ni para lo más mínimo, con los “parias” accionistas minoritarios.
Para finalizar, no podemos olvidar que la verdadera espada que pende sobre la cabeza de Ana Patricia Botín es la que sostiene en su mano la diosa griega de la Justicia, Dice, mientras que con su otra mano sujeta la balanza. Esa pesada y afilada espada la representa la acusación sobre el presunto asesinato de su padre, Emilio Botín. Esa misma espada también apunta a los autores intelectuales, ejecutores, colaboradores necesarios y encubridores del presunto asesinato (entre los que se encuentran familiares y directivos del banco), a los que nos referiremos en ocasión más propicia.
