La fama del Banco Santander y los Botín traspasa fronteras, pero no precisamente por ser buena. Allá por donde pasan queda el rastro de la suspicacia y corrupción
Estos días hemos conocido el informe de los fiscales anticorrupción, Carmen Launa Oriol y Juan José Rosa, en el que se solicita al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional el archivo en el caso de blanqueo de capitales que relaciona al clan Botín, al Santander y a sus directivos del departamento de prevención del blanqueo de capitales con la “lista Falciani”.
Todo ello a pesar de que el informe de los peritos del Banco de España, ratificado a presencia judicial en las diligencias previas 63/13, y los propios fiscales habrían detectado graves irregularidades por transferencias, movimiento de capitales, depósito y operaciones de valores realizadas por el Banco Santander, la banca francesa BNP Paribas y el banco británico HSBC. Operaciones de presunto blanqueo de capitales, al parecer, consentidas y favorecidas, durante años, por la cúpula del departamento de prevención de capitales del Santander, capitaneado por Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca -que fuera máximo responsable del departamento jurídico del Santander como secretario general y del consejo de administración de 1996 a 2015, y vocal del consejo de administración desde 2015 hasta comienzos de 2020-. Trabajadores del banco dicen de Benjumea que no se le pasaba por alto nada de lo que ocurría en el banco y que no se movía ni un papel en el Santander sin que él lo supiese, por lo que sus excusas de desconocer los hechos son, cuanto menos, poco creíbles.
El 60% del importe blanqueado por el Santander pertenecería a los Botín
La ignominia de la justicia se vuelve a producir y, de nuevo, salpica directamente a los Botín, respecto de los que las informaciones aparecidas mantienen que el 60% de los capitales blanqueados en la trama investigada, 2.000 millones de euros, pertenecían al clan Botín, incluida su actual presidenta Ana Patricia.
Fernando Andreu y el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones ocultos en el HSBC
Recordemos que la familia Botín en pleno se vio obligada a regularizar fiscalmente 2.000 millones de euros que tuvieron ocultos en cuentas del HSBC en Suiza durante décadas, al aflorar con la “lista Falciani”. Fraude fiscal del que también se libraron gracias al auto de archivo dictado por el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu Merelles.
En tela de juicio décadas de satrapía de los Botín en el Santander
Algunos medios han publicado que esta investigación pone, de nuevo, en duda toda la administración del clan Botín y su guardia pretoriana en el Santander así como la estructura montada a su alrededor para no reportar sus actuaciones al frente de la entidad beneficiándose de ella con movimientos de capitales, operaciones de valores ocultadas a sus accionistas y a los organismos supervisores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Tres generaciones del clan Botín, capitaneadas por Ana Patricia Botín, su padre y su abuelo, vienen acostumbradas, desde hace 70 años, a manejar el Santander como sátrapas, aprovechándose del banco y haciendo lo que les viene en gana sin dar ninguna explicación a sus directivos y accionistas, como si el banco fuera suyo. Muestra de ello es el cortafuegos que, desde dentro del Santander, servía de protección al clan Botín para no denunciar sus operaciones y las de sus sociedades en paraísos fiscales de presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales, como se pone de manifiesto en un acta de 27-2-07 del comité de análisis y resolución del Santander.
Ejemplos de la satrapía instaurada por los Botín en el Santander son múltiples, como la que se cuenta del ejecutivo que viajó a Nueva York para resolver un asunto del banco y al que Emilio Botín, el padre de Ana Patricia, le encargó que antes de volver se pasase por su camisería de la “gran manzana” y le comprase media docena de pajaritas. A la vuelta del viaje con la misión cumplida el alto ejecutivo informó a Emilio Botín, y al acabar, éste le preguntó por sus pajaritas, a lo que el ejecutivo contestó que se le había olvidado el encargo. Emilio Botín impasible le espetó “el próximo avión a Nueva York sale en dos horas, vete y cómprame las corbatas”.
Las sospechas sobre la petición de archivo
Lo que resulta inexplicable, salvo con la presunta sospecha de compra de voluntades involucradas en la instrucción de la causa, es que el informe final de los inspectores del Banco de España sea terminante y que el de los fiscales anticorrupción, Carmen Launa y Juan José Rosa, reconozca las irregularidades, pero se pida el archivo de la causa, y, al mismo tiempo, el magistrado que ha llevado la instrucción, José de la Mata, deje el juzgado cuando la misma toca a su fin y se marche a La Haya como representante de España en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal EUROJUST. ¿Demasiadas casualidades juntas.
Consecuencia de la marcha a La Haya del juez de la Mata, será el magistrado Santiago Pedraz el que asuma temporalmente la sustitución, hasta que sea designado un nuevo juez sustituto, y sin conocimiento de la instrucción de la causa llevada a cabo desde 2013 tenga que resolver sobre el archivo o no del procedimiento.
Santiago Pedraz, magistrado que declinó la competencia para conocer de la querella por el presunto asesinato de Emilio Botín (al que nos referiremos en próxima entrega), es considerado miembro del clan de la Audiencia Nacional formado por Fernando Andreu, Baltasar Garzón y Dolores Delgado que habrían tenido relación con casos del Santander y los Botín en los que siempre han salido bien parados.
El principal beneficiario de la petición de archivo de los fiscales anticorrupción es Ignacio Benjumea, el abogado del Estado “consiglieri” del clan Botín y del Santander en su condición de jefe del departamento jurídico y presidente del Comité de análisis, resolución y prevención del blanqueo de capitales, que ostentó los mismos cargos en Santander Investment, entidad también relacionada con la trama de blanqueo de capitales del clan Botín investigada por la Audiencia Nacional.
Igualmente resulta beneficiada la actual presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, a la que se le presumiría conocimiento de los hechos como miembro del clan familiar de los Botín y por su trayectoria anterior dentro del banco al que se incorporó en 1988, a la edad de 28 años, siendo designada miembro del consejo de administración y del comité de dirección en 1989 y nombrada directora general en 1992. Dada la trayectoria de la actual presidenta en el banco y a su pertenencia al clan Botín, sería razonable deducir que era conocedora de todas estas actuaciones de ocultación y blanqueo de capitales cuanto menos respecto a los 2.000 millones de euros de la familia Botín ocultos por décadas en Suiza. A esta conclusión se llega también porque Ana Patricia Botín suscribió, a título personal junto a su padre y hermanos, diferentes declaraciones en julio de 2010, en contestación al requerimiento de la AEAT sobre la ocultación de los 2.000 millones de euros en el HSBC de Ginebra, en las que reconocía la titularidad de su parte de los millones ocultos al fisco. Dichas declaraciones constan en la AEAT y en el seno de la investigación llevada a cabo en las diligencias previas 70/11 por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional que archivaría el juez Andreu.
La ignominiosa lista de escándalos judiciales
Pero las extrañas actuaciones de la justicia respecto al Santander y al clan Botín no se reducen a esta jurídicamente sorprendente solicitud de archivo de los fiscales anticorrupción, ya que existen otros escándalos judiciales de sospechosos archivos y sobreseimientos que sumar a la ignominiosa cuenta de los Botín con la justicia, que nuestros lectores de cuartaedicion.com recordarán.
Ya fuimos el hazmerreír de Europa cuando el Credit Agricole francés intentó en 2007 hacerse con el control del Bankinter y el clan Botín, a través de Jaime Botín, afloró un paquete accionarial -entre un 8% y un 12%- de acciones de Bankinter que tenía oculto en el HSBC de Ginebra del que no se había informado ni a los accionistas de la entidad ni a la CNMV.
El “caso cesiones de crédito”
Entre los múltiples escándalos judiciales podemos citar el del fraude fiscal y falsedad documental conocido como “caso cesiones de crédito” en el que, de manera casi idéntica al de la “lista Falciani”, la Fiscalía, asumida abruptamente por Eduardo Fungairiño, solicitó sorprendentemente el archivo, después de que poco antes el fiscal encargado, Jesús Santos, plantease la imputación de la cúpula del Santander -Emilio Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Uclés-.
Pese a todo, la magistrada Teresa Palacios ordenó la apertura del juicio oral contra Botín y sus secuaces, pero el mismo no llegó a celebrarse porque el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que alardea por las televisiones de imparcialidad y honorabilidad, en las cuestiones previas al juicio ordenó el archivo de la causa creando la “doctrina Botín”, que sería discutida por votos particulares de cinco de los magistrados del Tribunal Supremo y sería modificada poco después en el “caso Atucha” y más tarde en el “caso Noos” y otras sentencias posteriores.
A este respecto debemos recordar a nuestros lectores las grabaciones telefónicas en las que María Teresa Fernández de la Vega –ex vicepresidenta del Gobierno de Zapatero- tranquilizaba a un empleado de Emilio Botín -Ignacio Rupérez, jefe del departamento de estudios del Santander- asegurándole que el problema judicial de su jefe había sido solucionado. Tiempo atrás (1996) Fernández de la Vega, siendo secretaria de Estado de Justicia, había ordenado ya por escrito a la abogacía del Estado que no formulase acusación judicial contra Emilio Botín y demás directivos del Santander mientras simultáneamente ordenaba que continuasen las reclamaciones contra los clientes.
Gómez Bermúdez, tras abandonar la carrera judicial, se convertiría en abogado defensor del Santander y de miembros del clan Botín como el tío de Ana Patricia y hermano de Emilio, Jaime Botín, que nunca consideró a su sobrina capacitada para la presidencia del Santander (pero de eso nos ocuparemos en otra entrega, ya que algunas fuentes niegan hasta que Ana Patricia finalizase estudios universitarios de economía en Bryn Mawr College, máxime cuando ni siquiera acudió a la ceremonia de graduación, acontecimiento ineludible para cualquier estudiante de una universidad americana…).
El “caso Amusátegui y Corcóstegui” y sus multimillonarias indemnizaciones
En el “caso Amusátegui y Corcostegui” -en el que Javier Gómez Bermúdez pretendió asumir la ponencia y presidencia- se dictó sentencia absolutoria por la Audiencia Nacional; casualmente el hijo del magistrado ponente pasaría a trabajar en Altamar Capital Partners a las órdenes de Rodrigo Echenique Sanjurjo, hijo del que fuera consejero delegado y vocal del consejo de administración del Santander, Rodrigo Echenique Gordillo. Actualmente trabaja en Alvarez & Marsal cuyo director general actual, Fernando de la Mora, trabajó en banca comercial y corporativa del Santander.
El Tribunal Supremo, pese a declarar en su sentencia que las indemnizaciones de 100 y 46 millones más pluses que cobraron respectivamente Corcóstegui y Amusátegui transgredían ostensiblemente la ética y repugnaban socialmente, no condenó ni a Emilio Botín, ni a José María Amusátegui ni a Ángel Corcóstegui.
Amusátegui sigue cobrando 7 millones euros anuales, lo que sumaría, en los últimos 18 años desde 2002, más de 120 millones a añadir a los 46 millones que cobró inicialmente, que hacen 172 millones cobrados por Amusátegui y 100 millones más por Corcóstegui, es decir un total de 272 millones para dejar vía libre al clan Botín para manejar el Santander a su antojo.
La acusación derivada de la adjudicación de Banesto y Baltasar Garzón
En el año 2006, Rafael Pérez Escolar interpuso querella criminal, contra Emilio, Jaime, Ana Patricia Botín, Alfredo Sáenz Abad (expresidente de Banesto y ex consejero delegado del Santander), Ignacio Benjumea, Jaime Pérez Renovales (ex secretario general de Banesto y actual secretario general del Santander), Luis Ángel Rojo (ex gobernador del Banco de España y otros altos directivos del Santander y del Banco de España, por apropiación indebida, falsedad en cuentas anuales y documentos mercantiles, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa malversación de caudales públicos, fraude fiscal y en la obtención de ayudas públicas, delitos derivados de la adjudicación de Banesto al Santander, cifrando el fraude en más de 1.900 millones de euros.
La querella le correspondió a Baltasar Garzón que la archivaría, sin cumplir con su obligación de abstenerse, en noviembre de 2006, justo después de volver de la Universidad de Nueva York en la que durante 2005 y 2006 había impartido los cursos que Emilio Botín había patrocinado.
Baltasar Garzón fue acusado el 6-2-2012 por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón de cohecho y prevaricación y alternativamente cohecho impropio, extorsión y asociación ilícita. El auto del Tribunal Supremo del 13-2-12, dictado en la Causa Especial 20339/09, declara que Garzón “infringió conscientemente” su deber de abstención “en gratitud por la generosa respuesta que el BSCH había realizado a su petición de ayuda económica” y que al “ocultar al Fiscal y a la partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad estaba demostrando que el deber de agradecimiento generado por la dádiva interfería ya el ejercicio íntegro de su función jurisdiccional”.
La misma resolución mantiene que el dinero entregado por el Santander a petición de Garzón a la Universidad de Nueva York lo fue en consideración al cargo de Garzón de magistrado de la Audiencia Nacional, y que tenía como finalidad un “propósito de generar un estado de agradecimiento en el perceptor [por Garzón]”.
El auto del Tribunal Supremo terminaba concluyendo que los actos realizados por Baltasar Garzón solicitando más de 2,5 millones de dólares y captando finalmente 1,2 millones del Santander y otras entidades que habían “sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado [por Garzón] o en otros de la Audiencia Nacional” fueron constitutivos de cohecho impropio pero que habían prescrito, razón por la que no se juzgó a Garzón.
El Santander alardea de su poder en la justicia
Ante esta situación, todos los que se enfrentan judicialmente a los Botín o al Banco Santander les embarga la duda de la imparcialidad de los jueces encargados de sus litigios, ya que unido a los escándalos judiciales mencionados, no podemos olvidar que han salido a la luz manifestaciones de Jaime Pérez Renovales, actual “consiglieri” del Santander sustituto de Ignacio Benjumea, grabadas por Andrea Orcel en las que habría alardeado de que el Santander “no pierde ningún caso que no quiera”. Esta jactancia no es exclusiva del actual consejero delegado, sino que también se produciría por parte de Ana Patricia Botín, que habría proferido manifestaciones sobre que la justicia en España la manejaría ella, y es la tónica general en todo el departamento jurídico del Banco Santander que presume de ese supuesto manejo de la justicia española.
Por ello, los ciudadanos que actualmente tienen cuentas pendientes con el clan Botín o el Santander ante la justicia española, tienen serias dudas de que las resoluciones de sus casos se adopten conforme a derecho en vez de en atención a los intereses del Santander y los Botín.
Los pleitos pendientes del Santander; Orcel, Inversión Hogar y el Popular
Actualmente, en España están en investigación sumarial o pendientes de enjuiciamiento y resolución la instrucción del “caso Popular” en la Audiencia Nacional; el “caso Orcel” ante el Juzgado de Primera Instancia nº 46 de Madrid o el “caso Inversión Hogar” y el fraude de la finca de Mijas ante la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, casos en los que, entando de por medio el Banco Santander, ésta en tela de juicio la imparcialidad de los jueces encargados de esas causas, que por los antecedentes expuestos hacen temer a los afectado.
Meses atrás nuestro compañero Josele Sánchez sacó a la luz una lista de jueces y fiscales supuestamente al servicio del Santander, alguno de los cuales podrían haber sido gratificados con bienes en Brasil por supuestos favores judiciales. En el listado aparecían magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo junto a los de la Audiencia Nacional Luis Martínez Salinas y los mencionados Baltasar Garzón y Javier Gómez Bermúdez, y otros como Jesús Gavilán magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Blanca Rosa Bartolomé Collado del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid -que tendría un pleno de sentencias a favor del Santander-, Isabel Ferrer Sama, jueza del Juzgado de primera instancia nº 19 de Madrid y otros muchos.
Próximamente veremos si a esa lista de supuestos magistrados y fiscales corruptos –de los que nos ocuparemos en otra entrega- hay que añadirles los relacionados con el caso de la “lista Falciani” y el blanqueo de capitales del clan Botín. En cuartaedición.com seguiremos al tanto para informarles puntualmente y seguir destapando los secretos más inconfesables del “banco del crimen” como le llaman algunos afectados del Santander.
