Institucionalización del autoritarismo y la manipulación de las juntas de accionistas
En nuestra última entrega les hablamos del curriculum “fake” de Ana Patricia Botín, que, según todos los indicios, no tendría master por Harvard ni licenciatura en Económicas por Bryn Mawr. Hasta la fecha, no nos ha desmentido nadie y la presidenta del Santander ha tenido oportunidad de hacerlo en infinidad de ocasiones, la última en la junta de accionistas del pasado 26-3-21; pero, en vez de desmentirnos, ha preferido embaucar, una vez más, a los confiados accionistas manipulando, de nuevo, los resultados de la junta y aprobando unas reformas estatutarias y del reglamento de la junta para culminar su golpe de estado en el banco, que lleva tiempo preparando para desterrar al más absoluto olvido a los accionistas minoritarios que, de forma constante, son despóticamente despreciados, ninguneados y silenciados.
Desde tiempo atrás y hasta la junta ordinaria de accionistas de 2019 el Santander hacía públicos los resultados de las juntas de accionistas calculando los porcentajes de votos a favor de las propuestas de la presidenta sobre el sumatorio total de votos válidos ya fueran a favor, en contra, en blanco o abstenciones. Pero a partir de la junta extraordinaria de julio de 2019, el Santander ha cambiado, repentinamente, el sistema de cómputo, calculando el porcentaje de votos a favor sólo sobre el sumatorio total de votos a favor y en contra, sin contar los votos en blanco y las abstenciones que, evidentemente, no pueden considerarse votos favorables, y deben computarse a la hora de calcular el porcentaje de votos a favor.
La finalidad de esta alteración, manipulando los datos, es que el porcentaje de votos a favor de las propuestas del consejo de administración se incrementen artificialmente, para, al publicarlos y trasladarlos a los medios, dar la apariencia de que Ana Patricia Botín consigue la aprobación de todas sus propuestas por aclamación áulica cuasi unánime de la “gran líder suprema”, al más puro estilo de la dictadura comunista del “amado líder” Kim Jong-un en la República Popular Democrática de Corea del Norte o del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China capitaneado por su secretario general Xi Jinping.
Pero la realidad es muy diferente, ya que esa alteración en el cálculo y publicación de los resultados manipulados de las juntas de accionistas del Santander se ha producido ante la discusión de la competencia de Ana Patricia Botín para ostentar la presidencia del Santander y la aparición de accionistas contestatarios que al estilo de los manifestantes de la plaza de Tiananmen (1989), plantan cara a los tanques discutiendo las propuestas de la presidenta del Santander y proponiendo, desde 2018, su cese y remoción y la del resto de miembros del consejo de administración, amiguetes palmeros paniaguados de Ana Patricia Botín, por su actuación fraudulenta al frente de la entidad.
Escándalo al relacionar a Ana Patricia Botín con el narcotráfico
Nunca antes, en una junta de accionistas de una gran empresa cotizada del mundo, un accionista le había inquirido a su presidenta, como lo hizo Eduardo Martín-Duarte Rosa, sobre los escándalos de sus posibles relaciones con el narcotráfico, el supuesto asesinato de su padre, la estafa de Madoff, o los “negocietes” (como el de la finca de Mijas) que el clan Botín lleva haciendo, desde hace siete décadas, aprovechándose y sirviéndose del banco que presiden desde hace 70 años, en su beneficio exclusivo y correlativo perjuicio de los distraídos, engañados y estafados accionistas.
Ana Patricia Botín sabe que el accionista minoritario típico del Santander y de las grandes empresas cotizadas no sigue la gestión de la entidad de sus administradores y se limita a comprobar, de cuando en cuando, el valor de la acción y el pago de los dividendos, sin acudir a ninguna junta. Pero una pequeñísima parte de los accionistas minoritarios sí se preocupan de seguir y examinar la gestión de la sociedad en la que invierten y un porcentaje mucho menor además acude a las juntas para pedir explicaciones en vivo e “in voce” a sus gestores. Un porcentaje ínfimo es el que además de todo lo anterior demanda al banco y a su presidenta por manipular la junta de accionistas.
Es a esos accionistas minoritarios díscolos y contestatarios a los que Ana Patricia Botín quiere acallar y perder de vista de una vez por todas y para siempre. Y para silenciarlos y eliminarlos de la junta de accionistas es para lo que su cohorte de abogados han ideado la reforma estatutaria y del reglamento de la junta, que se aprobó el pasado 26-3-21, sin que sus millones de accionistas minoritarios, que representan más del 42% del total del capital social, se enterasen del golpe de mano que se estaba produciendo en la pasada junta telemática.
Reforma para acabar con la voz del accionista minoritario
La reforma propuesta por Ana Patricia Botín ideada, en su beneficio exclusivo, para acabar con la voz de los accionistas minoritarios, consiste en celebrar las juntas exclusivamente telemáticas sin la asistencia presencial de los accionistas, es decir, una junta de accionistas pero sin accionistas. El lema de la reforma estatutaria de Ana Patricia Botín sería “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, o, lo que es lo mismo, “todo para el accionista pero sin el accionista”. Con ello pretende que los accionistas no puedan tomar la palabra en las juntas y así evitar que le canten las cuarenta dando a conocer sus escándalos y como se enriquece ilícitamente a costa del banco.
La propuesta, que, según los especialistas y recientes publicaciones periodísticas, es manifiestamente abusiva y contraria a los más elementales principios de participación de los accionistas en la fiscalización de la gestión de las empresas, fue finalmente aprobada gracias al manejo abusivo e ilícito, denunciado judicialmente por el abogado y accionista Martín-Duarte, que de la junta hace Ana Patricia Botín captando las delegaciones de voto aprovechándose abusivamente de los medios del banco y, entre ellos, de los empleados que se ven obligados a llamar a los accionistas para que, cuasi forzados, les deleguen los votos a favor de la presidenta.
Además, en el informe explicativo de la propuesta, presentado por el consejo de administración a los accionistas, se utilizan argumentos falaces y oportunistas, como el Covid19, que manipulan la realidad con la finalidad de engañar a los pocos accionistas que se leen el informe explicativo de 139 páginas (hay que tener mucho interés en algo para leerse semejante tostón falaz). Con todo, el 12,13% del total de votos emitidos no dio su aprobación a la propuesta, que perjudica, de forma manifiesta, los derechos de los accionistas impidiéndoles hacerse oír, que es el único derecho que les queda. Según los resultados publicados por el Santander, la propuesta fue aprobada con el 90,47% de votos a favor cuando el porcentaje real fue del 87,87% del total de los votos. La diferencia puede parecer insignificante, pero demuestra la manipulación de los resultados y que más de 1.400 millones de acciones no votaron a favor de la adopción del acuerdo y más de 1.086 millones de acciones, el 9,26%, votaron expresamente en contra de ella.
Téngase en cuenta que estos porcentajes son además la consecuencia de la falta de participación del 33% de los accionistas, de la participación de muchos accionistas engañados por los argumentos falaces de los administradores y de la captación de delegaciones de voto en favor de la presidenta de muchos accionistas que no saben siquiera lo que votan porque conceden la delegación de voto en barbecho.
El respeto que profesa Ana Patricia Botín por sus accionistas minoritarios se demuestra con la reforma estatutaria propuesta, pero se evidenció de manera palmaria en la junta, al no dignarse siquiera a leer las intervenciones de los accionistas enviadas telemáticamente, lo que anticipa cuál pretende que sea el devenir de las futuras juntas de accionistas si se lleva a la práctica la celebración de las juntas exclusivamente de forma telemática.
Este retroceso en los derechos de los accionistas se produce después de los avances conseguidos en regulación de gobierno corporativo, tras años de reformas al hilo de la ley americana Sarbane Oxley Act de 2002 que se dictó como consecuencia de los escándalos de manipulación contable que llevaron a las bancarrotas de Enron, Parmalat o Worldcom, y máxime tras la Propuesta de Código Mercantil de 2013 redactada por la Comisión general de codificación, compuesta por los más reputados catedráticos de Derecho Mercantil, que no se plasmó en propuesta de ley por las presiones de los poderes económicos (Santander y demás compañías del IBEX35) tal y como lo declaró el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Rojo Fernández-Río en la página 133 del libro “Hacia un nuevo Código mercantil” (Aranzadi Thomson-Reuters, 2014).
Lo realmente preocupante no es que se apruebe tal propuesta, sino que los propios miembros del consejo de administración se sometan y rebajen a los designios de Ana Patricia Botín aviniéndose a plantear tan reprochable propuesta en perjuicio de todos los accionistas y para beneficiar exclusivamente a la presidenta del banco que los ha enchufado en el consejo, lo que les descalifica a todos ellos.
¿Manipular la voluntad de los accionistas?
Pero no es ese el único acuerdo abusivo que oculta el intento de Ana Patricia Botín de manejar el gobierno del Santander a su antojo. Si no fuese suficiente con captar las delegaciones de voto de forma abusiva aprovechándose de los medios del banco, el cambio estatutario adoptado permite captar las delegaciones y votar por teléfono, lo que brinda muchas posibilidades de falsear y manipular la voluntad de los accionistas ante la imposibilidad de verificar su identidad y la posibilidad de que desde la entidad se capten delegaciones y votos en favor de la presidenta de forma abusiva y poco transparente. Otros acuerdos han sido adoptados para vaciar de competencias a la junta de accionistas confiriendo poder omnímodo al consejo de administración, es decir a Ana Patricia Botín, para la emisión de obligaciones y otros títulos de renta fija o para acordar la política retributiva sin consultar a los accionistas.
Al igual que los sátrapas comunistas chinos quieren acallar a los rebeldes de Hong Kong que discrepan de la línea oficial procomunista, cambiando sus normas electorales; así es como Ana Patricia Botín pretende modificar los estatutos y reglamentos del Santander para eliminar a los accionistas disidentes. Nada loable y todo lo contrario a lo que predica en sus hipócritas política de implicación del accionista y cultura corporativa publicitadas como Santander Way y el falaz Sencillo, Personal y Justo. Y todo ello con el habitual fraude de ley y abuso de derecho con el que actúa el Banco Santander.
En definitiva, una traición en toda regla para acabar de exterminar al accionista minoritario que, esforzadamente con sus ahorros, ha ayudado durante años a la entidad en innumerables ocasiones acudiendo, sistemáticamente, a todas las ampliaciones de capital del Santander, y pese a ello ha sido siempre vilmente utilizado, ninguneado y engañado.
