La denuncia pone de manifiesto el amaño de sentencias del Constitucional y el Supremo, el cobro de sobresueldos y el espionaje a magistrados
En cuartaedicion.com hemos tenido conocimiento de una denuncia presentada ante el CGPJ por el abogado y accionista del Banco Santander, Eduardo Martín-Duarte Rosa, en la que se pone de manifiesto el trato de favor que recibe el banco cántabro y supuestos casos de corrupción judicial en los que habrían intervenido exministros de Justicia, ex Fiscal General del Estado, ex secretaria de Estado de Interior, ex subsecretaria de Estado de Justicia, ex vocales del CGPJ, ex fiscales anticorrupción y ex magistrados del TS y el TC.
La denuncia pone de manifiesto lo que en el sector jurídico todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo, haciendo mención a grabaciones y documentación que acreditarían los hechos denunciados y lo que las encuestas recogen sobre la deplorable percepción de los españoles sobre la Judicatura española.
Así, hace mención a las grabaciones telefónicas que habría realizado el banquero italiano, Andrea Orcel, a la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, y al secretario general, Jaime Pérez Renovales, en las que los directivos del Santander habrían hecho alarde de manejar la justicia y de no perder en España un pleito que no quieran.
Ejemplos de ese trato de favor y manejo de la Justicia, del que presumen en el Banco Santander desde hace mucho tiempo, los tienen ustedes en casos como los de las cesiones de crédito y la doctrina Botín (respecto de la que trascendieron las grabaciones a la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega asegurando al jefe del departamento de estudios del Banco Santander que ya había resuelto el asunto a Emilio Botín) cuya nulidad ha solicitado el mismo abogado ante la AN, las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui, la ocultación de los 2.000 millones de euros en el HSBC de Ginebra, el caso Banif Inmobiliario, el caso Banesto, el caso Banco Popular, el caso Inversión Hogar y tantos otros procedimientos en los que se han visto envueltos el Santander y el clan Botín y han salido bien librados pese a las evidencias de fraude o actuación delictiva.
La denuncia también hace mención a las revelaciones que se están produciendo a propósito del Expediente Royuela en el que, a través de internet (https://www.youtube.com/c/SantiagoRoyuelaSamit/videos y http://www.javierroyuelasamit.com/), la familia Royuela, capitaneada por padre e hijo Alberto y Santiago Royuela, está poniendo a disposición de los ciudadanos información y documentación en la que se pondrían de manifiesto corruptelas judiciales.
Entre ellas aparecerían órdenes de espiar a magistrados y fiscales, la compra de resoluciones judiciales o el cobro de sobresueldos extrasalariales periódicos por los magistrados que median en el amaño de las sentencias.
Las ordenes de realizar informes patrimoniales y seguimientos a los magistrados, según la denuncia presentada en el CGPJ que refiere la documentación del Expediente Royuela, habrían sido dadas por Margarita Robles Fernández (actual ministra de Defensa y anteriormente magistrada del TS y la AN, presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona, vocal del CGPJ, diputada, secretaria de Estado de Interior y subsecretaria de Justicia) y Juan Alberto Belloch Julbe (magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza y ex ministro de Justicia e Interior, ex vocal de CGPJ, ex diputado y senador y ex alcalde de Zaragoza).
Las órdenes serían recibidas por el ex fiscal de Cataluña José María Mena Álvarez y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo que ordenaban a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la ejecución de los seguimientos, las escuchas telefónicas y la confección de los informes patrimoniales de los magistrados y fiscales espiados.
Entre la documentación aportada se hace mención al espionaje del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes y a su esposa, a magistrados del TS como Manuel Marchena Gómez, Carlos Granados Pérez, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza Martín (también ex fiscal general del Estado), José Mateo Díaz, Alberto Jorge Barreiro, Eduardo Baena Ruiz, magistrados de otros tribunales como Miguel Moreiras Caballero (que intervino en el caso Banesto y cesiones de crédito), María Tardón Olmos, Rafael Lis Estevez, Guillermo Ripoll Olazabal, Ramón Rodríguez Jackson, Pablo Quecedo Aracil, Pilar Pala Castán, Jesús Gavilán López, Ángel Galgo Peco, José Manuel Arias Rodríguez; exfiscales generales del Estado como Eduardo Torres-Dulce o Juan Ortiz Úrculo y otros fiscales como Manuel Moix, José María Luzón, Fernando Herrero Tejedor, Eduardo Fungairiño (fiscal que solicitó el sobreseimiento de las cesiones de crédito), Javier Zaragoza, etc.
Expediente Royuela
La denuncia, apoyada en la documentación publicada en el Expediente Royuela, también hace mención a la compra de más de 8.600 sentencias, entre ellas del TC y del TS en las que habrían mediado Margarita Robles y Cándido Conde-Pumpido Tourón (magistrado del TC y ex magistrado del TS), que habrían sido “recompensados” económicamente por cada una de ellas.
Los encargos de los “clientes” se harían a los fiscales Mena y Jiménez Villarejo que los transmitirían a los magistrados Robles y Conde-Pumpìdo mediante notas manuscritas. En las notas en las que se reportan las gestiones a Juan Alberto Belloch se encontrarían varias en las que se haría constar la intervención personal de Margarita Robles en el amaño con magistrados del TS como Xavier O´Callaghan.
En la abundante documentación obran encargos del fiscal Mena al exministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y 38 archivos de asuntos en los que habría mediado la intervención de Juan Alberto Belloch, entre los que figuraría el archivo de diferentes causas contra miembros del PSOE.
También aparecen anotaciones del cobro de sobresueldos o gratificaciones periódicas, adicionales a las pactadas para cada amaño de sentencia, de 5.000€ quincenales que habría percibido Conde-Pumpido por su mediación en asuntos del TS o de 20.000€ y 30.000€ mensuales de Margarita Robles por su intervención en causas judiciales de la AN y el TS. Igualmente se aportan justificantes de depósitos bancarios en Panamá y Canadá de la actual ministra de defensa, Margarita Robles, y los ex ministros de Justicia, Belloch y Fernández Bermejo, así como supuestos pagos a Margarita Robles en cuentas de la Isla de Man o de Belloch en bancos de Suiza y Méjico.
La denuncia del abogado apela a las funciones del CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, de promover la independencia judicial para la apertura de una investigación con la inspección de los tribunales afectados y la imposición de las sanciones disciplinarias pertinentes para los magistrados Robles y Belloch, que por la gravedad de los hechos denunciados no podría ser otra, de ser ciertos los hechos, que la separación de la carrera judicial.
Como siempre en cuartaedicion.com apelamos a la labor de análisis de nuestros lectores, para obtener sus propias conclusiones. En este caso les planteamos la pregunta de si, de toda la documentación mencionada, se podría llegar a la conclusión de la existencia de una “mafia” judicial en la que habrían participado directamente los fiscales Bermejo, Mena y Jiménez Villarejo y los magistrados Conde-Pumpido, Robles y Belloch.
Para finalizar le recomendamos a nuestros lectores que se informen sobre el Expediente Royuela ya que las denuncias que se realizan en los mismos son realmente escalofriantes. En cuartaedicion.com les mantendremos informados.
