Presunto delito de prevaricación y malversación
Lamentable, repugnante, vergonzoso…y como no, el gobierno socialista detrás.
Móstoles está en el punto de mira en estos momentos a nivel nacional. Y es que su gobierno al completo, socialista, ha sido imputado por perdonar tasas a empresas. Todo el Ejecutivo local ha sido llamado a declarar por supuesta amnistía fiscal a una ITV a la que se le ‘perdonó’ impuestos.
Ex tesorero, ex concejal de Hacienda, alcaldesa (Noelia Posse) ya ha pasado por el juzgado de instrucción Número 1 de Móstoles. El resto del equipo lo hará en dos tandas. De vergüenza.
El 16 de febrero será el turno de David Muñoz Blanco (el teniente de alcalde y secretario de Organización del Partido), Rebeca Prieto (Concejala de Empleo y miembro de la ejecutiva local del PSOE), Alejandro Martín (secretario general del PSOE de Móstoles y concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana) y María Luisa Ruiz, (concejala de Urbanismo y miembro de la ejecutiva local del PSOE), como bien ha publicado el diario La Razón.
El 28 del mismo mes lo hará el resto de la pandilla; Dolores Triviño (concejala de Igualdad y miembro de la ejecutiva local del PSOE), Beatriz Benavides (ex concejala de Urbanismo, Patrimonio e Igualdad y miembro de la Ejecutiva local), Natividad Gómez (concejala de Educación de Podemos, partido socio de Gobierno) además del representante legal de ITV Móstoles, la empresa supuestamente beneficiada por el Ayuntamiento.
Toda esta trama tiene que ver con una querella criminal puesta por los portavoces del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento, Gabriel Ortega y Susana García contra el Gobierno municipal en mayo pasado por un presunto delito de malversación y prevaricación.
Supuestamente, perdonaron la deuda pública a una ITV de Móstoles por la friolera de 2.455.725,39 euros.
Para más inri, en la querella se especifica que la decisión se tomó eludiendo informes, incluyendo el asunto en el orden del día de la Junta de Gobierno “a sabiendas de que los informes previos expresaban una frontal oposición de los altos funcionarios jurídico y económico (secretario e interventor) por el gravísimo perjuicio a las arcas públicas y la total falta de fundamento“.
Casualmente, el antiguo interventor ya advirtió del posible fraude y de la deuda contraída por dicha empresa entre los años 2013 y 2018. Poco después fue despedido.
El Ayuntamiento se defiende
El Ayuntamiento de Móstoles se defiende de tal graves acusaciones aludiendo que “se trata de una querella política y todo lo que se hizo fue para salvaguardar los empleos y para que el Ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte del dinero adeudado por la empresa”.
