Con cantidades que ascienden hasta 3.000 euros
Desquiciados. Ese es el estado en el que se encuentra la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a causa de la protesta (ya va por la segunda semana) que están llevando a cabo los transportistas en la CARM y en toda España.
Desquiciados hasta el punto de presionar, no se imaginan hasta que punto según fuentes policiales, a Guardia Civil y Policía Nacional para que persigan y sancionen a todo transportista que continúe con sus protestas.
Así se las gasta nuestro ‘querido’ Gobierno. Una dictadura en toda regla que tiene que recurrir a multas ejemplares para poner fin a una huelga de la que ellos son los únicos responsables, ya que con sus inútiles medidas están asfixiando a los transportistas.
Multas, según las fuentes consultadas, que ascienden hasta tres mil euros. Y es que tanto Guardia Civil como Policía Nacional tienen orden directa de perseguir, tomar nota de matrículas y sancionar con multas de hasta 3.000 euros a todo transportista que siga con su protesta.
“Nos están presionando mucho. Pero mucho. Están desquiciados y quieren poner fin a esta situación de una vez por todas. Y van a recurrir a las sanciones. Van a tocar el bolsillo de esta gente para poner fin a esta situación”, afirmaron desde nuestras fuentes.
Mientras tanto, destacar que las negociaciones siguen estancadas. Se amplían los tiempos de conducción y se reducen los descansos. Sencillamente, para el que esté trabajando pueda trabajar más. Medidas absurdas a todas luces.
Por último, informar de que distintas asociaciones de transportistas se están sumando a la huelga, dado que la solución que pone el Gobierno es insuficiente.
¿Quinientos millones de euros para más de 166.000 empresas de transporte con más de 240.000 camiones? Una falta de respeto en toda regla.
Una falta de respeto que sigue minando la moral de los transportistas, que cada vez son menos los que continúan en pie de guerra. Muchos son ya, cada día más, los que han abandonado sus protestas y han regresado a su puesto de trabajo. Sobre todo, por las amenazas que sufren a la hora de poder perder su puesto de trabajo.
