El expresidente de la CARM se sentará en el banquillo por los delitos de prevaricación, fraude y malversación. También se le reclama 47 años de inhabilitación y que se le embarguen sus bienes para hacer frente a 74,1 millones de indemnización
Agárrense que vienen curvas y muy pronunciadas. La jueza del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ordena la apertura de juicio oral contra Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los delitos, siempre conocidos en políticos de este país, de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
Tras la investigación, el Fiscal presentó escrito de acusación por la adquisición de dicha desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y por la aprobación de convenios, para resumir, de dudosa legalidad. Por todo ello, se solicitan penas que suman 11 de años de cárcel, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para cargo público.
Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.
También la CARM exige la responsabilidad civil derivada del delito que sobrepasa los 74 millones de euros, nada más y nada menos.
Dicha cantidad ha sido fijada por las partes acusatorias como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora.
Destacar que esta primera investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, donde se encuentra también Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura.
Por último, se requiere a Valcárcel una fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias, aunque éste tendrá derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado.
