Denuncia también a Fiscalía al presidente catalán, Pere Aragonès; al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena; y al director general de los Mossos, Pere Ferrer, por supuestos delitos de malversación de dinero público y prevaricación administrativa continuada
La exmosso y colaboradora de cuartaedicion.com, Inma Alcolea, sigue ‘molestando’ a la mafia colocada dentro de la policía autonómica catalana.
Alcolea ha presentado ahora una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Gerona por “la prestación de un servicio público de seguridad privado con escoltas, que lleva a cabo el Cuerpo de policía autonómica, con la protección personal e ininterrumpida a la persona de Oriol Junqueras Vies a costa del erario público”, lo que llevaría a un delito de prevaricación y malversación.
La denuncia fue presentada el pasado lunes y la dirige contra contra el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès i Garcia, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, y el director de los Mossos, Pere Ferrer Sastre, máximos responsables de la supuesta escolta al servicio de junqueras.
Alcolea manifestó que “desde el pasado mes de agosto” la policía catalana escolta al líder de ERC “con diversos mossos“.
Nuestra colaboradora es además licenciada en Derecho y en su denuncia dejó bien claro que “esa situación de protección personal e ininterrumpida, con seguridad pública por parte de la policía autonómica y a costa del erario público sobre una persona que no tiene condición de autoridad, está suspendido de sus funciones como diputado del Parlamento Europeo, está condenado por uno de los delitos más graves contra el ordenamiento constitucional (sedición) y otro de malversación de dinero público, inhabilitado judicialmente, y no ha habido ninguna amenaza grave a su seguridad”, añadiendo que “Esos escoltas que prestan servicio de protección de seguridad a Oriol Junqueras dependen directamente del director general de policía, Pedro Ferrer Sastre, y no de ningún mando operativo policial del Cuerpo de Mossos d’Esquadra”.
Cabe destacar que el ministerio de Interior, ya en su día (concretamente en 2018), determinó por qué el expresidente fugado de la justicia española, Carlos Puigdemont i Casamajor, procesado por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos y actualmente en rebeldía, no tenía derecho a ser protegido con seguridad pública, pagada a cargo del erario público. Así que, más claro agua.
Por lo tanto y por extensión, Junqueras tampoco tendría derecho a una escolta pagada encima a costa del erario público, a pesar de que quieran vender que “es un político muy mediático y expuesto”, apuntó nuestra colaboradora.
Hay que recordar que Junqueras no es ninguna autoridad pública, ya que se encuentra suspendido de sus funciones de diputado del Parlamento Europeo.
Alcolea también recordó que el magistrado del Tribunal Supremo instructor del ‘caso procés’, Pablo Llarena, sufrió acoso y “en ningún momento el gobierno catalán se planteó ponerle escoltas a cargo de seguridad pública y a costa del erario público”. Lógico por otra parte, ya que este hombre defendió la ley y el Estado de Derecho, términos que los fanáticos del independentismo desconocen.
