Y mientras tanto el Gobierno plantea la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana
El pasado sábado miles de policías y guardias civiles de toda España se manifestaron contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Lógico a todas luces, ya que con los datos aportados por el propio ministerio del Interior los delitos en España han aumentado de manera alarmante. También han aumentado las agresiones contra los agentes y la falta de respeto a la autoridad está a la orden del día.
¿Por qué se da esta circunstancia tan preocupante? Por la falta de apoyo institucional y legislativo que tienen hoy en día aquellos que velan por nuestra seguridad y bienestar.
Según datos del Defensor del Pueblo, en 2021 hubo más de 14.500 detenciones por resistencia o desobediencia. Datos muy por encima de la media de los últimos años. Y falta por conocer los datos de 2022, pero la tendencia es ascendente.
Desde la IGC tienen claro que este aumento de delitos por desobediencia o resistencia es debido a la pérdida de autoridad de los agentes de cara a un gran amplio sector de la sociedad que se sirve de su modelo ‘político’ para incitar al menosprecio de la imagen del policía o guardia civil. Hay culpables señalados, pero son esos mismos lo que tienen ‘poder’ sobre nuestros agentes.
También hay que contar con la escasez de efectivos para hacer frente a los delitos diarios, delitos que van en aumento y que son difíciles de controlar por la escasez de efectivos. “Resulta clamorosa la impunidad con la que actúan los delincuentes, al verse en muchos casos amparados por superioridad numérica y por la soledad de la patrulla ante la tardanza de refuerzos”.
Desde la Guardia Civil apuntan también que “desde hace unos años y con la última oferta de empleo público (OEP) 2022 para la Guardia Civil, de 1.671 plazas (420 plazas menos que en 2021), nuestro colectivo viene sufriendo, año tras año, una merma de efectivos que repercute en menor presencia en las demarcaciones, más grave, si cabe, en las zonas interiores y diseminadas”.
Inciden también en que la aplicación del Código Penal ante graves episodios se traducen en simples multas. Ojo, multas irrisorias que incluso a veces son menores que las puestas por seguridad vial. Un castigo insuficiente para contener los continuos ataques a los funcionarios.
Desde la IGC tienen claro que la Administración debe hacerse eco de tales vergonzosos episodios y hay que revertir tal situación, otorgando a la policía el valor que se merece y reforzando las plantillas…y no derogando la actual Ley de seguridad ciudadana.
