Próximo 17 de junio. Procuradores se suman a la manifestación y se trabaja en extender la llamada a otros colectivos que tienen mutualidades alternativas
La reivindicación se realizará el día 17 de junio, desde las 9.00 horas, en Eduardo Dato, 20, de Madrid: a las puertas de la Asamblea General de la Mutualidad de la Abogacía, responsable de generar el drama social actual, sin que pueda olvidarse que el Estado lo ha permitido y no ha controlado, ni supervisado correctamente.
Pensiones de 400 euros, evidencian el modelo fracasado de cotización alternativa impulsado desde la Mutualidad y los Colegios Profesionales, y amparado por el Estado, cuya solución pasa por abrir una pasarela o ventana de traslado voluntario e individualizado de los fondos acumulados en la Mutualidad al RETA y la integración de los mutualistas en el sistema público de pensiones.
Desde Movimiento #J2, Plataforma que en solo unos meses ha logrado una amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, aglutinando a miles de abogados, si bien ya se han incorporado también procuradores y se trabaja en extender a otros colectivos que tienen mutualidades alternativas, se Convoca a una gran Concentración para visibilizar a la opinión publica el problema de las pensiones irrisorias que quedan con la Mutualidad de la Abogacía, y en general en las mutualidad alternativas, y exigir al Estado y grupos políticos soluciones.
La Concentración se realiza a las puertas o en los aledaños de la Asamblea General de Mutualistas del ente responsable de haberles abocado a esta situación: La Mutualidad de la Abogacía, que el próximo sábado 17 de junio, celebra su Asamblea General de Mutualistas, desoyendo el clamor de que se paralice o suspenda y aunque los mutualistas, en especial los alrededor de 65.000 alternativos al RETA, allí no estemos representados.
Los abogados de Movimiento #J2 nos plantamos frente al Fondo alternativo al RETA de la Mutualidad de la Abogacía que se compone por más de 200.000 mutualistas e instamos la paralización de la Asamblea, porque la Mutualidad está incumpliendo la normativa y sus propios Estatutos. No se permite ir a los mutualistas, sino que van unos representantes elegidos previamente en cada Colegio de abogados y además no se está respetando que las cuestiones que afectan a mutualistas alternativos sean votadas solo por estos o al menos, por representantes de estos.
Discriminación histórica al colectivo
El problema parte de una discriminación histórica al colectivo, pues no podía ejercerse la profesión de abogado a través del RETA, y si bien eso se varió, había ya muchos atrapados en el sistema, que, por otro lado, se siguió ofreciendo y vendiendo desde los Colegios profesionales como mejor que el RETA. Hoy, las Mutualidades alternativas son una reminiscencia del pasado que no se sostiene, porque se han normalizado unas prestaciones sociales públicas que la Mutualidad no puede garantizar. El problema es común para todas las mutualidades alternativas.
En el caso de los abogados, desde la Mutualidad de la Abogacía, con la colaboración de sus Colegios profesionales, siempre prometieron que pagando menos que en el RETA, quedarían pensiones similares a las del sistema público o incluso superiores. La realidad es muy distinta: pensiones de 300 o 400 euros y estimaciones para dentro de 20 años de 600 euros, que, además, no se actualizan con el IPC.
La realidad es que, llegada la edad, los abogados, no se pueden jubilar, lo que les aboca a seguir trabajando, hasta que, ven que les quedan pocos años de vida, y entonces comienzan a solicitar la entrega de sus fondos acumulados.
Además, hay una falta de coberturas elementales, pues en caso de enfermedad, solo se recibe una pequeña asignación durante un máximo de un año y, por ejemplo, las bajas por enfermedad mental solo se cubren durante un total de dos meses en toda la vida laboral.
Junto con las irrisorias pensiones y el déficit de coberturas, hay otro problema. Estamos atrapados a perpetuidad en el nefasto sistema. La normativa actual no permite trasladar la cotización mutual al RETA o al Régimen General. De modo que, si marchamos al sistema público, partimos de cero, en cotizaciones y tiempo de cotización, dando lugar a que, si quieres cambiar de actividad o te contratan por cuenta ajena, las cotizaciones no te sirven, si ya estas dentro de los 15 años mínimos necesarios para tener derecho a pensión pública.
Reforma legal
La solución es evidente. Debe realizarse una reforma legal, para que como ocurre para todos los ciudadanos, que cotizan en régimen general o en RETA, ambos sistemas se compatibilicen a la hora de cobrar una pensión. Es decir, que la cotización en la Mutualidad se pueda compatibilizar con la pública, y ello es tan sencillo como permitir a través de la oportuna reforma legal, que los fondos individuales de cotización acumulados en la Mutualidad se puedan traspasar al RETA como cotizaciones en dicho sistema y como años cotizados en el mismo. Por simplificar, es como si la Mutualidad hubiera actuado como una recaudadora y depositaria de pagos al RETA.
Además, deben realizarse mejoras fiscales, pues esto no son planes de pensiones complementarios a la jubilación sino jubilaciones en sí mismas. Y como de todas maneras, incluso habilitándose la ventana, las pensiones van a ser mínimas en la mayoría de los casos, se debe mejorar la posibilidad de compatibilizar el cobro de pensión pública y el ejercicio profesional, dado que se trata de una actividad esencialmente intelectual.
A pesar de la evidencia y lógica de nuestras reivindicaciones, el lobby financiero que supone la Mutualidad de la Abogacía, que roza los 10.000 millones de euros de ahorro gestionado, y cuyo órgano de gobierno está formado, prácticamente, por decanos y exdecanos, y que a pesar de la separación jurídico legal, no deja de ser una extensión del Consejo General de la Abogacía y todo el entramado institucional colegial, no quiere saber nada del tema, ni buscar soluciones para los abogados. Por eso, en el último mes, su Presidente y el Director General, se han lanzado a acudir a los medios, a hacer declaraciones, enmascarando la realidad de las irrisorias pensione que nos quedan cuando hemos pagado lo que desde la Mutualidad habían calculado como necesario.
También se han negado a paralizar la Asamblea General de Mutualistas convocada para el sábado 17 de junio, desoyendo el clamor de los miembros de #J2 y las impugnaciones realizadas, pretendiendo aprobar modificaciones que afectan de lleno a los mutualistas alternativos, que son ya minoritarios, con respecto al total, a pesar de que el origen natural de la Mutualidad era atender las necesidades de jubilación de estos. Y todo se ejecuta con una falta de participación manifiesta de los alternativos y sin la adecuada información y debate previo. No es admisible que estas reformas se adopten con el voto de representantes, que igual están en la Mutualidad solo para complementar su pensión pública. Cuestión que probablemente no es ni legal, pero sin duda, no es ni ética, ni normal. Las asambleas previas, a través de las que se eligen a estos representantes, no se publicitan adecuadamente, ni se informa a los mutualistas de su importancia y con ello logran que la participación sea mínima, obteniéndose unos representantes esencialmente ligados a los propios Colegios, sin olvidarse que estos, ya ocupan, por Estatutos, aproximadamente, 100 de unos 330 representantes, lo que claramente determina cualquier votación. Lo que debería ser una Asamblea General de Mutualistas se convierte en una puesta en escena donde no existe critica alguna al órgano de gobierno, siendo por ejemplo significativo que el anterior Presidente de la Mutualidad estuvo en el cargo durante 21 años y el actual lleva desde 2016.
Movimiento #J2, ha logrado que haya algunos representantes críticos en la Asamblea. Estos, miembros de #J2 harán que las reivindicaciones no solo se escuchen fuera sino también dentro de la Asamblea.
Por todo, el próximo 17 de junio, Movimiento #J2 se concentrará en Madrid, en las puertas de la Asamblea General, estando prevista la llegada de cientos de compañeros abogados mutualistas desde todos los rincones del país, y desde dicho lugar se denunciará públicamente el grave problema social, se señalará a los responsables directos e indirectos, se explicarán las soluciones y se hará un llamamiento a los grupos políticos a dar una solución, estando ya trabajando para mantener reuniones con todos ellos, antes de las elecciones del 23 de julio.
