Un artículo de Carlos Aurelio Caldito Aunión
La Ley de Restauración de la Naturaleza es la primera legislación de la historia que se propone explícitamente restaurar la naturaleza de Europa. Se ha marcado como objetivo reparar el 80 % de los hábitats europeos en mal estado. También devolver la naturaleza a su estado original en todos los ecosistemas. Esta Ley estipula que al menos el 20 por ciento de los ecosistemas se restaurarán en los estados miembros de la unión para 2030.
La tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en la UE seguirá adelante en el Parlamento Europeo, después de una tensa y ajustada votación en su comisión de Medio Ambiente el último jueves. Tensión que esta Ley provoca entre ecologistas y agricultores. Entre los que quieren ir más rápido en la agenda verde y quienes quieren frenar el ritmo.
Según datos de la Agencia Europea del Medioambiente, el 81% de los hábitats de la UE se encuentra en mal estado. El objetivo de la Ley es recuperar buena parte de ellos de manera paulatina de aquí a mediados de siglo con el triple objetivo de luchar contra la crisis de biodiversidad y el calentamiento global. También asegurar los servicios ecosistémicos de los que dependen nuestras sociedades y reforzar la resiliencia y la autonomía estratégica de Europa, previniendo los desastres naturales y reduciendo los riesgos para la seguridad alimentaria.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG ) cuestiona el contenido de la propuesta de ley de restauración de la naturaleza que este martes 27 se somete a votación en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Para la organización, «dejaría en manos de grandes corporaciones y fondos de inversión el campo español y europeo”.
El rechazo a esta propuesta por parte de la organización agraria se basa en que «el contenido es vago e impreciso. No concreta cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones, vitales para el mantenimiento de la biodiversidad en nuestros campos y liderar una transición verde justa. Son loables los objetivos que señala como “la necesidad de más empleos relacionados con la agricultura en las zonas rurales para preservar la biodiversidad”, sin embargo, la propuesta carece de las medidas necesarias para alcanzarlos».
Así mismo ven que se trata de una ley que «es injusta e hipócrita». En este sentido, creen que los criterios de la actual PPAC (más exigencias medioambientales con menos presupuesto y recursos) y los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países, no confieren el contexto necesario para una transición verde real, dado que los agricultores y ganaderos no reciben el apoyo necesario para poder adaptarse. “Pedir elementos paisajísticos de alta diversidad en las tierras agrícolas” es un mero brindis al sol que se queda en una política de escaparate si no va acompañado de un giro de 180 grados en las políticas comerciales y de regulación de mercados de la UE para evitar una competencia desleal de las importaciones y garantizar una estabilidad de precios e ingresos a nuestros productores. Sin sostenibilidad económica de las pequeñas y medias explotaciones no tendremos sostenibilidad ambiental”, ha afirmado Andoni García, responsable de Organización y Medio Ambiente de la Ejecutiva de COAG.
CONSIDERAN QUE «NO SE HA CONTADO CON LOS AFECTADOS Y AUMENTA LA CARGA BUROCRÁTICA»
De igual forma, ven que «no responde a las necesidades del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario (por el momento) en Europa». Aunque aceptan que esta propuesta busca preservar la vida silvestre y los ecosistemas, «no incluye ninguna medida para proteger el modelo social y profesional de agricultura y no propone ningún freno al proceso de uberización del campo. No se puede atajar un síntoma sin abordar las causas profundas. En España, el 7% de las grandes corporaciones y fondos de inversión ya acaparan el 45% del valor de la producción final agraria, acaparando las mejore tierras de cultivo, un freno para el acceso y la incorporación de jóvenes al sector agrario».
De igual forma, consideran que «no se ha contado con los afectados y aumenta la carga burocrática». Por eso, ven que los distintos actores del sector y de la cadena agroalimentaria deben asumir equitativamente la responsabilidad de alcanzar los objetivos, y los hombres y mujeres del campo deben poder participar de forma efectiva en el proceso para definir de qué manera se lleva a cabo. Asimismo, «no cabe aumentar aún más la carga administrativa sobre las producciones ya que esto ejerce una presión desmesurada sobre los pequeños y medianos agricultores sin afectar a las grandes corporaciones».Finalmente, COAG asegura que si bien es importante restaurar los ecosistemas dañados, «la UE debe evitar un enfoque basado en porcentajes de superficie terrestre y marina a conservar (30% para 2030). Esta concepción es una solución falsa que adolece de una comprensión holística y podría propiciar con suma facilidad la financiarización –creciente peso del sector financiero en la economía- de los organismos vivos. Esta visión obsoleta que busca acotar la llamada naturaleza “salvaje” ha demostrado su ineficacia tras 50 años de investigación científica. No reconoce la riqueza de la interacción de las actividades humanas y agrícolas con su entorno, en las producciones manejadas con un enfoque más sostenible, en los pastos correctamente gestionados, en los territorios comunales, etc..».
